Celeste vincula a Cardona con esquema fraudulento para ganar licitaciones

La legisladora liberal contó que el presidente del Club Olimpia, Miguel “Miki” Cardona, facturó USD 217 millones en los últimos nueve años con la merienda escolar a través de sus empresas, “Comepar”, que además tiene otras denominaciones mediante consorcios. En Contrataciones, Antolín Javier Yanes aparece como representante.

Según la legisladora, las firmas del presidente de Olimpia amasaron en la época de Horacio Cartes la suma de USD 135.335.795 con dos clientes, que son la Gobernación de Central y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Mientras que con el Gobierno de Mario Abdo Benítez la suma asciende a USD 82.120.545.

“En este descontrol yo le pido al ministro de Hacienda, al viceministro Orué, que preparen un camión y vayan a buscar las facturas falsas y las facturas truchas con las que estas empresas seguramente justifican el 20, 25, 30, 35% de diezmo o triezmo (sic)”, dijo sobre el supuesto esquema fraudulento para ganar licitaciones. 

Indicó que durante los gobiernos de Fernando Lugo y Federico Franco su empresa facturó USD 11 millones, cuando las demás no bajaban de USD 30 millones. 

En el presente Gobierno, dijo que accedió a contratos por USD 3 millones, por lo que sus exsocios la quieren “matar”. Agregó que en el Gobierno de Horacio Cartes vendió por USD 25 millones y su firma fue la “colera”. Seguidamente, afirmó que ella no tiene nada que ocultar. 

Expresó que Cardona, Rosa Mabel Capli y Justino Da Silva facturan montos siderales desde hace nueve años con sus empresas. 

Dijo que conversó con el ministro de Industria y Comercio, Luis Alberto Castiglioni, y que él le pidió que ella denuncie porque no puede “con esos grupos tan poderosos”. Una situación similar se presentó con el director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, según narró. Solicitó la renuncia de ambos. 

Asimismo, denunció la situación de la Ministra de la Mujer, Celina Lezcano, quien recientemente ganó una licitación en Alto Paraná, quien además de ser “ministra no puede ser proveedora de este Estado” y facturó G. 7.900 millones.

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