Procesados que no puedan pagar las tobilleras electrónicas irían a la cárcel

Tras el estremecedor caso de Katia Brítez, en el que el presunto feminicida rompió las reglas de su arresto domiciliario para atacarla, ha surgido una intensa polémica, por lo que las autoridades están evaluando la idea de implementar tobilleras electrónicas en casos de violencia familiar.

Sin embargo, debido a la falta de presupuesto, los procesados serían quienes deban financiar estos dispositivos, de acuerdo al reporte de Telefuturo.

Si bien este sistema podría ofrecer una mayor seguridad para las víctimas, plantea importantes dilemas éticos y económicos, ya que si el procesado no puede costear el dispositivo, sería llevado directamente a una penitenciaría.

El diputado Yamil Esgaib, reveló que el presidente Santiago Peña le solicitó trabajar en la reglamentación de esta ley, que aunque vigente desde hace cinco años, sigue sin aplicarse.

Mientras unos ven en esta medida una oportunidad para fortalecer la seguridad y justicia, otros critican la carga económica que se traslada al procesado, que podría desembocar en injusticias por cuestiones monetarias.

Días atrás desde el Ministerio del Interior, se confirmó que la utilización de tobilleras electrónicas para monitorear a aquellos con arresto domiciliario está en la mira del Gobierno.

El compromiso se consolida como uno de los principales objetivos a lograr durante los primeros 100 días de la administración actual, que asumió hace 15 días.

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