Imputan a fiscal y otros por perjuicio de G. 418 millones al Indert

La Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) ha formulado cargos contra un fiscal de Choré y seis individuos más, entre ellos funcionarios de organizaciones no gubernamentales y un empleado del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), por un supuesto perjuicio patrimonial de G. 418.522.196.

Los hechos ocurrieron entre los años 2014 y 2016, relacionados con la construcción de estructuras para la distribución de agua potable en los departamentos de San Pedro, Caaguazú y Guairá.

Implicados y cargos

El fiscal Florencio Pereira Rodas de Choré, señalado como coautor, y Santiago Vicente Ochipinti Beterette, director del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides) del Indert, en calidad de cómplice, enfrentan cargos por lesión de confianza.

Se ha solicitado el desafuero de Florencio Pereira ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

También se imputó a representantes de organizaciones no gubernamentales y sus tesoreros: Miryan Nancy Giménez De Pereira y Florencio Pereira de la organización “Desde abajo hacia un desarrollo íntegro social” (Dadis); Abel Ricardo Florentín Serafini y Arnaldo Andrés Riveros Paredes de la “Asociación de Voluntarios para los Servicios Voluntarios” (Asovservic); y Roberto Ramón Ayala Hornung y Patricia Gómez de Ayala de la fundación “Madre Tierra”. A todos ellos se les atribuye la coautoría en los hechos.

Antecedentes de los perjuicios al Indert

La Dadis firmó convenios con el Fides-Indert en 2015 para la construcción de distribuidoras de agua potable en Santa Rosa del Aguaray. Estas estructuras, con un presupuesto de G. 1.532.590.052, no funcionaron o estaban incompletas, causando un perjuicio patrimonial de G. 683.849.514.

La Asovservic firmó en 2014 la construcción de estructuras para distribuir agua potable en tres asentamientos de Repatriación, Caaguazú, con un presupuesto de G. 1.198.288.157. Sin embargo, las mismas no funcionaban, generando un perjuicio total de G. 199.493.346.

La fundación Madre Tierra tenía un proyecto presupuestado en G. 852.953.086 para obras en Paso Yobái, Guairá. A pesar del presupuesto, se generó un daño patrimonial de G. 69.815.603.

Santiago Vicente Ochipinti Beterette, quien actualmente cumple una condena de 3 años por tentativa de estafa en perjuicio del Indert, estuvo implicado en un negociado con pozos artesianos durante la administración de Justo Cárdenas en 2015.

La condena quedó firme en diciembre del 2022, época en que Ochipinti se desempeñaba como presidente de la Confederación Paraguaya de Básquetbol (CPB).

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