Acciones inflexibles para recuperar tierras ilícitamente ocupadas en Villa Hayes
Una batalla legal se está gestando en Villa Hayes, donde la Procuraduría General del Estado está adoptando una postura “inflexible” en su esfuerzo por recuperar las tierras ocupadas ilegalmente.
La finca 916, también conocida como Remansito, que abarca unas 131 hectáreas, ha sido objeto de una ocupación ilícita. Esta propiedad es parte del patrimonio del Estado paraguayo y está siendo defendida con firmeza.
El jefe de Estado, Santiago Peña, ha ordenado al Ministerio de Defensa y a la Procuraduría que coordinen acciones para llevar a cabo el desalojo de los ocupantes ilegales. El Procurador, Marco Aurelio González, ha reafirmado este mandato en una comunicación con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
González ha sido categórico en su mensaje: “La posición del presidente fue suficientemente clara para no dejar lugar a duda. Lo que corresponde hay que cumplir, esa es la instrucción del presidente, realizaremos todo lo que está a nuestro alcance para recuperar las tierras de todos los paraguayos”.
Las estrategias procesales para ejecutar la recuperación de estas tierras están siendo delineadas y se espera que se implementen en el corto plazo.
“No descartamos ningún tipo de acciones, hay que tenerlo por seguro que la respuesta será inflexible en el sentido de que lo que corresponda hay que cumplir. La Procuraduría revisa qué estrategias aplicar en esta situación, estamos concretando reuniones para tener una respuesta lo más rápido posible”, ha puntualizado González.
El pasado miércoles, un proyecto de ley que desafecta las tierras pertenecientes al Ministerio de Defensa Nacional en favor de la Municipalidad de Villa Hayes logró su sanción ficta en el Senado. Sin embargo, el Presidente Peña anunció que vetará la iniciativa legislativa, afirmando: “Es mi obligación defender lo que es de todos los paraguayos”.
Con este veto, el proyecto volverá al Congreso Nacional, donde los legisladores deberán decidir si aceptan o rechazan el veto presidencial.
Mientras tanto, la Procuraduría sigue adelante con su postura firme e inflexible, buscando garantizar la integridad de las tierras del Estado paraguayo.
Fuente: La Nación
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