Gremios periodísticos denuncian distorsión de ley de protección a la mujer para censurar y hostigar

El Sindicato de Periodistas del Paraguay, la Asociación de Comunicadores del Paraguay, la Asociación de Reporteros Gráficos del Paraguay y firmantes independientes tales como Christian Chena, Mabel Portillo y Alfredo Guachiré emitieron una declaración pública a través de la abogada Alejandra Peralta para condenar la distorsión de la Ley 5777/16 contra toda forma de violencia hacia la mujer.

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Según advierten, dicha normativa es empleada para acallar voces incómodas, violando derechos constitucionales como la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo.

En el documento, los gremios periodísticos manifestaron “profunda preocupación” por actos de censura, amenazas y hostigamiento contra trabajadores de prensa, ciudadanos y medios de comunicación.

En tal sentido, instaron a la Corte Suprema de Justicia a establecer directrices que impidan la discrecionalidad en la aplicación de la legislación mencionada. Ello, con miras a evitar arbitrariedades lesivas a garantías fundamentales plasmadas en la Carta Magna y en instrumentos interamericanos suscritos por el país.

Asimismo, los firmantes llamaron a los comunicadores a seguir investigando y revelando casos de corrupción u otras irregularidades, pese a campañas de amedrentamiento en su contra.

Solicitaron a los tres poderes del Estado, al Ministerio Público, al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y al Consejo de la Magistratura atender varios episodios que representan actos de censura directa contra periodistas.

Entre los casos citados figuran los de la comunicadora Mabel Portillo y el investigador Alfredo Guachiré, a quienes se pretende acallar con denuncias y procesos judiciales infundados. También mencionan al medio digital Resumen de Noticias (RDN) y al empresario Christian Chena.

Igualmente, advierten sobre el uso indebido del derecho penal para intimidar a través de tipos como difamación o calumnia, cuando están en juego temas de interés público.

Advierten que este tipo de situaciones ponen en riesgo derechos centrales para la democracia, ante lo cual el Estado debe activar mecanismos de protección. Caso contrario, se vuelve cómplice de tales violaciones por acción, omisión o aquiescencia.

Concluyen afirmando que una correcta aplicación de la Ley 5777 es fundamental para garantizar los derechos de las mujeres. No obstante, aclaran que tergiversarla para coartar libertades solo genera mayor desigualdad e impunidad, debilitando así el Estado de Derecho.