Fiscalía define hoy postura sobre restitución de fueros

El fiscal general Emiliano Rolón anunció que hoy se pronunciará sobre la controversial decisión de la Cámara de Senadores de restituir los fueros a tres legisladores: Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola. Esta medida ha sido calificada como una intromisión y un acto inconstitucional por parte de expertos en materia jurídica.

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La restitución de los fueros busca frenar los procesos penales en curso contra los senadores investigados, lo que representa un intento del Congreso de blindarlos ante la justicia. Rolón solicitó al sector político que se haga cargo de sus verdaderas intenciones detrás de esta decisión sin precedentes.

El Ministerio Público, como titular de la acción penal, se encuentra en el centro de la controversia. La Fiscalía ha sido cuestionada por sus recientes actuaciones, percibidas como favorables a un sector político específico, particularmente en el caso de las filtraciones de conversaciones entre el abogado Pedro Ovelar y el fiscal Aldo Cantero.

El presidente Santiago Peña justificó la restitución de fueros, argumentando que la Fiscalía se atrasó en la acusación y no encontró elementos incriminatorios. Sin embargo, Rolón consideró que el mandatario se apresuró en opinar, ya que la Fiscalía tiene plazo hasta mayo para presentar la acusación.

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Expertos como Luis Lezcano Claude, ex ministro de la Corte Suprema, señalan que la decisión del Senado representa un atropello y un desorden jurídico. Sostiene que los jueces deberían omitir la resolución, ya que la concesión del desafuero es definitiva y no puede revertirse.

Lezcano Claude advierte que admitir la reversión del desafuero implica aceptar la interferencia del Congreso en un proceso penal en curso, lo cual resulta inconstitucional y atenta contra la independencia del Poder Judicial. Sugiere que, si el juez cede ante la presión, la Fiscalía debe apelar y promover una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema.

La intención del cartismo, según se presume, es salvar a Erico Galeano de una acusación por lavado de dinero y asociación criminal, derivada del operativo A Ultranza Py que desmanteló una red de tráfico de cocaína. El respaldo del presidente Peña a esta interferencia generó un escándalo y fue cuestionado por la abogada Cecilia Pérez.

José Casañas Levi, otro experto consultado, advierte sobre el caos jurídico que esta situación provocará y enfatiza la importancia de conocer la postura de la Fiscalía, como titular de la acción penal e interesada en la continuidad del proceso. Sugiere que los jueces podrían desestimar la decisión del Senado alegando su falta de efecto.

Fuente: Última Hora