Impunidad Ambiental: El caso de Ulises Rodríguez Teixeira

El empresario Ulises Rodríguez Teixeira, acusado de deforestación en Paraguay, fue condenado a una multa de G. 150 millones, pero la sentencia ha generado controversia por su laxitud y la impunidad que parece garantizar a Teixeira.

El empresario brasileño Ulises Rodríguez Teixeira, uno de los mayores terratenientes en la región del Bosque Atlántico del Alto Paraná, fue condenado a pagar una multa irrisoria de 150 millones de guaraníes (aproximadamente 20.600 dólares) por la destrucción de más de 7.000 hectáreas de bosques y pastizales en su estancia Paso Kurusu, en el departamento de San Pedro.

El caso se remonta a agosto de 2012, cuando un devastador incendio arrasó con gran parte de los bosques nativos en la mencionada estancia, cuya superficie duplica el tamaño de Asunción. Según informes de organizaciones ambientales, el fuego consumió el 63% del bosque nativo de la propiedad, poniendo en riesgo la biodiversidad de la zona, incluyendo especies emblemáticas como el Guyra Campana, ave nacional de Paraguay, y la boa mboi ro’y.

Tras años de investigación, la fiscalía presentó cargos contra Rodríguez Teixeira y el administrador de la estancia por el delito de transgresión a la Ley de Delitos contra el Medio Ambiente. Sin embargo, en una audiencia celebrada en septiembre de 2022, el fiscal a cargo accedió a cambiar la calificación jurídica del caso, reduciendo así la gravedad de las sanciones aplicables.

En un fallo que ha generado indignación en sectores ambientalistas, el juez Nelson Mercado determinó una suspensión condicional del procedimiento, eximiendo a los acusados de posibles penas de cárcel. Además de la exigua multa económica, Teixeira deberá presentarse periódicamente en juzgados de paz y conservar 250 hectáreas de bosque en Paso Kurusu, una condición que representa apenas una fracción de la destrucción causada.

Este caso se suma a una larga lista de denuncias y investigaciones contra las empresas de Rodríguez Teixeira por delitos ambientales, incluyendo tala ilegal, deforestación y violaciones al uso de la tierra. Sin embargo, el empresario ha logrado sortear estas acusaciones con sanciones mínimas o suspensiones condicionales, perpetuando así la impunidad en torno a estos crímenes.

Organizaciones ambientales y expertos han criticado duramente esta resolución judicial, calificándola como un ejemplo más de la falta de voluntad política y debilidad institucional para hacer cumplir las leyes ambientales en Paraguay.

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Fuente: El Surti