Contraloría cierra caso Lafarja-Petropar sin investigar indicios de corrupción

La Contraloría General de la República (CGR) ha confirmado el cierre de las verificaciones que realizaba sobre el fallido contrato entre Petróleos Paraguayos (Petropar) y la empresa AP SA, propiedad de Andrea Lafarja, para la compra de gasoíl por más de USD 51 millones. Sin embargo, el ente de control no investigó los indicios de corrupción denunciados en la fracasada contratación.

Según informaron desde el departamento de comunicaciones de la CGR, las verificaciones se cerraron en abril pasado sin la apertura de una auditoría, debido a que el caso se judicializó. Esto significa que la Contraloría no profundizó en la investigación de las irregularidades señaladas en el proceso de contratación de la petrolera pública.

La CGR indicó que el 10 de abril recibió un informe de la dirección jurídica de Petropar sobre la judicialización del caso, tras lo cual «todo quedó a cargo de Petropar». El cierre de las verificaciones se formalizó a través de un memorándum interno, al cual no se pudo acceder por decisión de la institución.

Cabe destacar que Petropar «demandó» en diciembre de 2023 a la firma AP SA en un juzgado civil y comercial de la capital, con el objetivo de cobrar la garantía por USD 1,5 millones, luego de la fallida compra de gasoíl. A pesar de que el juez admitió la demanda el 13 de febrero, la estatal no realizó las gestiones necesarias para que el juicio avance.

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Por su parte, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) también sancionó a la empresa de Lafarja con una inhabilitación por cinco meses, tras la realización de un sumario. Sin embargo, al igual que la Contraloría, la DNCP tampoco investigó a profundidad las denuncias recibidas sobre posibles direccionamientos o la existencia de una sede de la empresa.

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Es importante destacar que la empresa AP SA contaba con un patrimonio de solo USD 915.021, pero aun así Petropar intentó comprar diésel por más de USD 51,5 millones. Además, se denunciaron irregularidades como la falta de experiencia de la firma en la comercialización de combustibles y la ausencia de licencia comercial o patente municipal, aspectos que no fueron indagados por los entes de control.

Fuente: ABC Color.