Caso 31M: Audiencia preliminar de Gustavo Florentín sigue trabada

El caso conocido como 31M en 2017, continúa sin resolverse completamente. La audiencia preliminar del suboficial Gustavo Florentín, acusado por el supuesto homicidio doloso del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana, ha sido nuevamente suspendida debido a un recurso presentado por la defensa ante la jueza Diana Carvallo.

Este retraso en el proceso judicial contrasta con el avance del caso contra el policía Guido Amarilla Vera, acusado de lesión grave en el atropello a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), quien ya enfrenta un juicio oral y público. Ambos casos están relacionados con los violentos eventos ocurridos durante las protestas del 31 de marzo de 2017 contra la enmienda de reelección presidencial.

Florentín, quien recuperó su libertad hace dos años tras cumplir la pena mínima en la Agrupación Especializada, aún no ha enfrentado su audiencia preliminar. Esta situación ha generado preocupación sobre la dilación de la justicia en un caso de alta relevancia social y política.

Un año después de su liberación, Florentín se vio involucrado en un altercado con un inspector de la Patrulla Caminera, lo que ha mantenido su nombre en la atención pública. Este incidente ha reavivado el debate sobre la conducta de los acusados en libertad y la percepción de impunidad en casos de violencia policial.

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En un giro adicional del caso, los padres de Rodrigo Quintana, Fidelino Quintana y Felicia Arrúa, han sido excluidos de la querella. Actualmente, la única querellante que se mantiene es Leticia Redes, madre de la hija de la víctima. Esta modificación en la representación legal de la víctima podría tener implicaciones en el desarrollo futuro del caso.

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A siete años de los trágicos eventos del 31M, la justicia paraguaya enfrenta el desafío de resolver un caso que ha dejado una profunda huella en la sociedad. La demora en el proceso contra Florentín plantea interrogantes sobre la eficacia del sistema judicial y la capacidad del Estado para responder a casos de violencia policial y violaciones de derechos humanos.

Fuente: Última Hora