Juez se opone a desestimar denuncia sobre “ocupación vip” en terreno estatal de Villa Hayes

El juez Víctor Ronzewski ha rechazado la solicitud de desestimación de la denuncia sobre la “ocupación vip” en terrenos del Ministerio de Defensa en Villa Hayes, presentada por la Fiscalía. Esta polémica implica a jueces, ganaderos, políticos, empresarios y menonitas, quienes figuran como propietarios de inmuebles construidos en dicha área estatal, conocida como la finca 916 o Jardines de Remansito.

La denuncia fue originalmente presentada por la senadora Yolanda Paredes del Partido de la Concertación Nacional (PCN), quien con el apoyo de la abogada Gessy Ruiz Díaz, acusó a varios individuos de lesión de confianza, invasión de inmueble ajeno, estafa, producción de documentos públicos falsos y asociación criminal. Entre los acusados se encuentran figuras prominentes como Fernando Camacho, ex titular del Encuentro Nacional, y Rossana Ramírez, esposa de Hugo Simón, dueño de Laboratorio Indufar.

El fiscal Diego Arzamendia, de la Unidad de Delitos Económicos, había solicitado la desestimación de la denuncia, sin embargo, el juez Ronzewski se opuso a esta petición, dando inicio a un proceso de oposición. El magistrado ha remitido el expediente al fiscal de la causa, quien deberá ratificarse en un plazo de 10 días. Si se confirma la ratificación, el caso será enviado al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien tendrá otros 10 días para decidir sobre el curso de la investigación.

Los nombres involucrados en esta denuncia incluyen también a Miguel Reinal, propietario de Naútica y Cabaña Doña Gilda, Hugo Berthold Friesen, director de la Asociación de Capellanía Empresarial, y Alfredo José Vinader, exinterventor de Acepar, entre otros. Todos ellos son acusados de beneficiarse de la ocupación ilegal de terrenos pertenecientes al Ministerio de Defensa.

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La senadora Paredes subrayó la importancia de este caso para combatir la corrupción y garantizar la correcta administración de los bienes públicos. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades judiciales para que actúen con transparencia y celeridad, asegurando que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones.

Fuente: Última Hora