Casi la mitad de los legisladores contratan a familiares en el estado

El nepotismo en el Congreso está nuevamente bajo la lupa, revelando que casi la mitad de los legisladores ha ubicado a sus familiares en la Función Pública. Esta práctica, ampliamente criticada, destaca la influencia del poder político en la distribución de empleos públicos, ignorando el mérito y la capacidad profesional.

Según datos oficiales, el 49% de los legisladores, es decir, 61 de los 125 senadores y diputados, han asegurado puestos para sus familiares en diversas instituciones del Estado. Esto incluye a esposas, hijos, hermanos y otros parientes cercanos, con salarios que varían significativamente. Por ejemplo, en el Senado, 28 de los 45 senadores han colocado a sus familiares en cargos que perciben entre 5.400.000 y 149.000.000 guaraníes mensuales.

Entre los nombres mencionados se encuentran figuras como Silvio “Beto” Ovelar, quien logró un salario de 149.190.233 guaraníes para su esposa en Itaipú Binacional, y Juan Carlos “Nano” Galaverna, cuya esposa recibe 43.097.800 guaraníes mensuales en la misma institución. Otros legisladores también han aprovechado su influencia para colocar a sus familiares en altos cargos, tanto en binacionales como en otras dependencias estatales.

En la Cámara de Diputados, 33 de los 80 diputados han seguido un patrón similar. Aquí, los familiares ocupan puestos en instituciones como la Dirección Nacional de Defensa Animal, la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Senadis), y diversas embajadas paraguayas. Los salarios en esta cámara oscilan entre 3.800.000 y 119.000.000 guaraníes mensuales.

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El costo total de mantener a estos “nepobabies” es alarmante. Según la Secretaría de la Función Pública y el Ministerio de Economía y Finanzas, el gasto mensual para sostener a los familiares de los senadores asciende a 776.720.635 guaraníes, y para los de los diputados, a 670.514.548 guaraníes. Anualmente, esta cifra representa un despilfarro de aproximadamente 2.5 millones de dólares, fondos que podrían destinarse a necesidades urgentes como salud, educación e infraestructura.

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El nepotismo sigue siendo una práctica común en Paraguay, a pesar de la Ley 5.295, que prohíbe esta práctica en la Función Pública. Sin embargo, la interpretación de la ley ha permitido que solo los administradores de gastos sean considerados culpables de nepotismo, dejando espacio para que otros funcionarios continúen con estas prácticas prebendarias.

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La falta de una aplicación rigurosa de las leyes y la naturalización del nepotismo en la política plantean serios desafíos para la transparencia y la meritocracia en el país. .

Fuente: ABC Color