Expresidente argentino imputado por violencia de género
El expresidente de Argentina, Alberto Fernández, enfrenta una grave acusación judicial por presunta violencia de género. El fiscal federal Ramiro González ha formalizado la imputación por los delitos de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y en un contexto de género, así como por amenazas coactivas. La denunciante es Fabiola Yáñez, expareja de Fernández y exprimera dama de la nación.
Según el dictamen fiscal, Yáñez habría “sufrido una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar”. González destacó la existencia de una “asimetría y desigualdad de poder” en la relación, agravada significativamente por la posición de Fernández como Presidente de Argentina.
La investigación, que se centra en nueve episodios específicos de violencia, ha puesto en marcha una serie de medidas probatorias exhaustivas. Entre ellas, se ha citado a declarar a varias personas del entorno cercano de la pareja, incluyendo a María Cantero, exsecretaria privada de Fernández, y Federico Saavedra, exjefe de la Unidad Médica Presidencial.
Como parte de las diligencias, se ha solicitado información detallada sobre los ingresos de personal médico y doméstico a la Quinta de Olivos, residencia presidencial, entre 2021 y 2023. Además, se ha pedido la preservación y análisis de las filmaciones de seguridad de dicho período, abarcando tanto el chalet residencial como la casa de huéspedes.
El fiscal González ha solicitado al juez federal Julián Ercolini que autorice una inspección judicial en la Quinta de Olivos y sus dependencias. Esta medida busca recopilar evidencias físicas que puedan respaldar las alegaciones de la denunciante.
En el ámbito médico, se ha requerido acceso a los antecedentes de Yáñez, incluyendo su tratamiento psiquiátrico en la clínica INECO y su historial en la Clínica Fertilis, donde recibió tratamiento de fertilidad. También se solicitaron historiales clínicos completos al Sanatorio Otamendi y a SANAR.
La Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), que ya brinda apoyo a la exprimera dama, ha sido instada a elaborar un informe integral sobre el estado de la víctima. Este informe será crucial para evaluar el impacto de los presuntos abusos en la salud física y mental de Yáñez.
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Como parte final de las medidas de investigación, el fiscal ha solicitado la recolección de registros de llamadas entrantes y salientes de varios números telefónicos vinculados al caso. Esta información podría proporcionar evidencias adicionales sobre la dinámica de la relación y los eventos denunciados.
El caso ha generado un considerable impacto en la opinión pública argentina, reavivando debates sobre la violencia de género en las altas esferas del poder político. La imputación de un expresidente por estos cargos marca un precedente significativo en la lucha contra la violencia doméstica y de género en el país.
Fuente: ABC Color
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