Clan Rotela sobornaba guardias con hasta USD 1.000 en Emboscada

Un informe reciente ha expuesto un esquema de corrupción dentro del penal de máxima seguridad de Emboscada, donde agentes penitenciarios habrían recibido sobornos de hasta USD 1.000 para permitir el ingreso de teléfonos celulares. El documento, firmado por Tomás Edgar Bolaños, exdirector del Centro Penitenciario Martín Mendoza, revela que Armando Javier Rotela, líder del Clan Rotela, estaba detrás de estas prácticas ilícitas.

El informe fue enviado el pasado 14 de junio al coronel Raúl Peña, director general de Establecimientos Penitenciarios, detallando cómo los guardias eran abordados con ofertas de dinero que variaban entre G. 3 millones, G. 5 millones y hasta 1.000 dólares. Estas cantidades, según el documento, eran entregadas a cambio de permitir la entrada de celulares y otros beneficios a los reclusos.

Las revelaciones comenzaron a ser reportadas desde el 27 de mayo, cuando Bolaños alertó a las autoridades del Ministerio de Justicia sobre la situación. Además, en una nota anterior, fechada el 11 de junio, el ex director del penal advirtió sobre la falta de capacidad de los nuevos guardias para manejar situaciones de crisis, subrayando su temor a realizar intervenciones ante las amenazas recibidas.

Los guardias que se negaban a colaborar con el Clan Rotela eran intimidados por los internos, quienes les recordaban que “ellos son internos y no eternos”, sugiriendo que eventualmente podrían tomar represalias contra sus familias. Estas amenazas buscaban mantener el control sobre los agentes penitenciarios y asegurar la continuidad de las actividades ilegales dentro del penal.

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El 1 de julio, miembros del Clan Rotela destruyeron cámaras de seguridad del penal en un acto de protesta. Las imágenes, que fueron difundidas por el canal Telefuturo, muestran al propio Armando Rotela liderando los actos vandálicos, lo que evidencia la impunidad con la que operaba dentro de la prisión.

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Ante la gravedad de la situación, las autoridades tomaron medidas recién en agosto, trasladando a los miembros del Clan Rotela a la cárcel de Minga Guazú y desvinculando tanto a los guardiacárceles implicados como al director penitenciario que denunció los hechos.

Fuente: Última Hora