Conceden libertad ambulatoria a oficial imputada por caso Marset
El juez penal Humberto Otazú otorgó la libertad ambulatoria a la oficial ayudante Gabriela Vasso Mosquiera, quien estaba cumpliendo arresto domiciliario en el marco de una imputación por su presunta participación en el levantamiento del código rojo que pesaba sobre Gianina García Troche, esposa del presunto narcotraficante Sebastián Marset. La decisión del magistrado incluye restricciones específicas a su libertad.
Entre las medidas impuestas, Vasso Mosquiera tiene prohibido cambiar de domicilio sin autorización judicial y deberá comparecer ante el juzgado una vez al mes para firmar. Asimismo, tiene prohibido modificar su número telefónico y salir del territorio nacional.
La acusada fue imputada por frustración de la persecución y ejecución penal, así como por realizar estos hechos en calidad de funcionaria pública. La Fiscalía sostiene que la oficial no informó a sus superiores sobre todos los informes que llegaron desde Lyon, Francia, en relación con el levantamiento del código rojo de García Troche y José Fernando Estigarribia.
El levantamiento del código rojo, una alerta internacional emitida por Interpol, es una pieza clave en las investigaciones relacionadas con las actividades delictivas atribuidas a Marset, quien está vinculado al narcotráfico. Según la acusación, Vasso Mosquiera tenía la obligación de comunicar todos los detalles a sus superiores, lo que no se habría cumplido en su totalidad.
Leé también: Arresto domiciliario para agente de Interpol vinculada a estructura de narcotraficante Marset
Además de Gabriela Vasso Mosquiera, también están imputados en el caso otros dos oficiales: Hugo Javier Vallejos Rivas y Kevin Eduardo Montiel Sanabria, quienes habrían participado en la omisión de la comunicación del levantamiento de la alerta.
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La decisión del juez Otazú ha generado diversas reacciones en la opinión pública y dentro de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia, dado que el caso Marset ha adquirido gran relevancia en el país, por las implicancias del narcotráfico y la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad.
Fuente: Judiciales.net
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