Cámara Baja pide detalles de fondos de Itaipú destinados a ONG

En la última sesión ordinaria de la Cámara Baja, se aprobó un proyecto de resolución que solicita informes detallados a Itaipú Binacional sobre las actividades de financiamiento dirigidas a personas físicas y jurídicas. La iniciativa, impulsada por el diputado Raúl Benítez (PEN-Central), busca aclarar la distribución de fondos que la entidad destina a organizaciones sin fines de lucro (ONG) y otras entidades de la sociedad civil.

Benítez explicó ante sus colegas que el objetivo es obtener información precisa sobre las transferencias realizadas a particulares, tanto personas físicas como jurídicas, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de octubre de 2024. Esto incluye la solicitud de los montos asignados, el origen de los fondos y la figura jurídica de las organizaciones beneficiadas, como asociaciones, fundaciones o sociedades anónimas.

“Queremos conocer los detalles de cada transferencia realizada por Itaipú, especificando los montos, las actividades declaradas para ser financiadas y las rendiciones de cuentas presentadas por cada entidad receptora”, señaló el legislador. La moción busca asegurar la transparencia en el uso de los recursos públicos y evitar irregularidades en la gestión de estos fondos.

El pedido de informes también establece que Itaipú deberá presentar los detalles dentro de un plazo de 15 días, conforme a lo estipulado en la Constitución Nacional.

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El control y seguimiento de los recursos públicos es una preocupación constante en el ámbito legislativo, especialmente cuando se trata de organizaciones que reciben financiamiento estatal o binacional, como Itaipú. Este pedido busca garantizar que los fondos asignados a organizaciones de la sociedad civil se utilicen adecuadamente y que las entidades beneficiarias cumplan con las obligaciones de rendición de cuentas.

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Tras la aprobación del proyecto de resolución, Itaipú Binacional deberá proporcionar los informes solicitados en el plazo establecido. Los resultados de estos informes serán revisados por los legisladores, quienes evaluarán si las organizaciones que reciben financiamiento están cumpliendo con las normativas vigentes y los objetivos establecidos en los convenios de financiamiento.

Fuente: El Nacional