Narcos amenazan a Patricia Bullrich y al gobernador Pullaro

Un video de contenido intimidatorio dirigido a la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ha encendido alarmas en los niveles más altos del Gobierno argentino. En el material, difundido por redes sociales, un grupo de encapuchados muestra un arsenal de armas mientras lanza amenazas directas a las autoridades y a la población.

La grabación, de poco más de un minuto, revela subfusiles, pistolas automáticas y rifles de alta precisión. Según los informes preliminares, estas armas no corresponden al equipamiento usualmente robado a las fuerzas locales, sino que podrían haber sido desviadas de armerías militares. La investigación, liderada por la Policía Federal y organismos de inteligencia, apunta a determinar el origen de este arsenal.

Entre las frases más alarmantes se escucha: “Estamos instalados en Buenos Aires, vamos a dejar muertos acá”. Los encapuchados también acusan a Pullaro de supuestos pactos con grupos criminales y señalan a Bullrich como responsable de “echar leña al fuego”. Según analistas, el video pudo haber sido grabado en Rosario, epicentro de la violencia narco en el país.

La respuesta oficial no se hizo esperar. Patricia Bullrich compartió en sus redes sociales un comunicado donde subraya la postura de tolerancia cero contra el crimen organizado. Por su parte, el presidente Javier Milei respaldó a las autoridades atacadas y reafirmó su compromiso de combatir el narcoterrorismo.

La Oficina del Presidente emitió un comunicado calificando el video como un acto de terrorismo narco. En el texto, se destaca una reducción del 80% en los homicidios en Rosario desde el inicio de la nueva gestión y se asegura que las fuerzas de seguridad cuentan con el respaldo total del Gobierno.

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El caso pone en evidencia la creciente sofisticación del crimen organizado en Argentina. Los especialistas advierten que este tipo de intimidaciones buscan no solo amedrentar a las autoridades, sino también desestabilizar la percepción de seguridad entre la ciudadanía.

Fuente: Clarín