Desestiman denuncias contra exfiscal Sandra Quiñonez

El juez Humberto Otazú desestimó las denuncias presentadas contra Sandra Quiñonez, quien ocupó el cargo de Fiscal General del Estado entre 2018 y 2023. Las acusaciones incluían Frustración de la Persecución Penal y Prevaricato, pero el magistrado concluyó que no se corroboraron hechos punibles durante su gestión.

En su análisis, el Juzgado determinó que Sandra Quiñonez no realizó ninguna acción contraria a derecho para favorecer o perjudicar a alguna de las partes involucradas en los casos investigados. Además, se verificó que el Ministerio Público gestionó de forma adecuada las denuncias, sin que existieran indicios de omisión dolosa o negligente.

Según el magistrado, el hecho que motivó la denuncia no constituye un hecho punible. En relación al cargo de Prevaricato, se concluyó que no se encontró evidencia de que Quiñonez haya tomado decisiones ilegales en los casos derivados de informes elaborados por el Congreso Nacional. El juez enfatizó que para configurarse este delito, es necesario que la autoridad judicial haya actuado deliberadamente en contra de la ley.

Respecto a la acusación de Frustración de la Persecución Penal, el informe de la Comisión Bicameral del Congreso y el análisis de la Dirección de Delitos Económicos concluyeron que no existía mérito suficiente para abrir nuevas causas. Por tanto, no se pudo atribuir al Ministerio Público ninguna inacción ni conducta irregular.

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El juez Otazú destacó que las investigaciones realizadas y las documentaciones presentadas no demostraron la configuración típica de los hechos denunciados. En virtud de ello, el magistrado aceptó el requerimiento fiscal presentado por Jorge Arce, quien también recomendó la desestimación del caso.

Este fallo reafirma la independencia del sistema judicial en el análisis de casos complejos que involucran a altas autoridades. Con esta decisión, Sandra Quiñonez queda desligada de las denuncias, cerrando un capítulo que generó debates en el ámbito político y jurídico del país.

Fuente: El Observador