Déficit de Caja Fiscal supera USD 1.100 millones en diez años

En la última década, la Caja Fiscal ha acumulado un déficit de más de 1.100 millones de dólares, financiados con recursos del Tesoro Nacional. Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el sistema previsional requiere cada vez más apoyo del Estado para cubrir las jubilaciones de funcionarios públicos, mientras el déficit proyectado para 2027 podría alcanzar el 1,3% del Producto Interno Bruto (PIB).

Entre 2015 y 2024, la brecha acumulada en el presupuesto previsional ascendió a G. 8,66 billones, equivalentes a 1.150 millones de dólares. Este déficit se debe a que los ingresos por aportes de los trabajadores activos no son suficientes para cubrir los pagos de jubilaciones y pensiones. En lo que va de 2024, el déficit ya se duplicó respecto al año pasado, sumando G. 2,096 billones (260,8 millones de dólares).

La Caja Fiscal, administrada por el MEF, integra dos programas principales: el civil, que incluye empleados públicos, magistrados judiciales y docentes, y el no civil, compuesto por policías y militares. Según datos oficiales, hay 229.221 aportantes, 66.459 jubilados y 12.056 pensionados. Las proyecciones advierten que para 2027 el déficit superará los 506 millones de dólares, comprometiendo aún más las finanzas públicas.

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Expertos nacionales e internacionales subrayan la necesidad de una reforma paramétrica para frenar el crecimiento exponencial del déficit. Rodrigo Valdés, director del FMI para el Hemisferio Occidental, advirtió que el desvío de recursos fiscales hacia la Caja Fiscal socava la equidad y limita el gasto en áreas prioritarias como salud, educación e infraestructura.

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A pesar de los reiterados llamados a la acción, el gobierno ha pospuesto la presentación de un proyecto de reforma hasta 2025. Mientras tanto, se prioriza una modificación en la carta orgánica del Instituto de Previsión Social (IPS), que busca ajustar el cálculo de los haberes jubilatorios.

La reforma de la Caja Fiscal es una prioridad para los gremios empresariales, como Feprinco y la UIP, que insisten en que el Estado no puede continuar financiando este déficit en detrimento de otros sectores esenciales.

Fuente: ABC Color