Paraguay recupera G. 2.700 millones en bienes por caso de corrupción

La Justicia paraguaya marca un precedente significativo en la recuperación de activos al ordenar el embargo de bienes por valor de G. 2.731.245.000 a dos exfuncionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), condenados por lesión de confianza en un caso de compras irregulares.

La jueza Rossana Maldonado, presidenta del Tribunal de Sentencia, emitió la orden de embargo sobre los bienes de Gladys Cardozo, exministra de la SEN, y Aníbal Benítez, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones, respondiendo a la solicitud presentada por la Procuraduría General de la República.

El caso se origina en una compra directa de víveres realizada entre marzo y abril de 2012, destinada a tres departamentos del Chaco declarados en emergencia. La investigación, respaldada por informes de la Contraloría General de la República, determinó un perjuicio al Estado por G. 2.482.950.000.

La sentencia definitiva, confirmada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en marzo de 2023, establece una pena de dos años de prisión para ambos funcionarios, con suspensión a prueba de la ejecución. El Tribunal consideró un mayor grado de reprochabilidad para Benítez, estableciendo tres años de período probatorio.

El monto total del embargo incluye G. 2.482.950.000 por el daño patrimonial causado, más G. 248.295.000 en concepto de gastos de justicia, demostrando el compromiso del sistema judicial en la recuperación de activos provenientes de hechos de corrupción.

La resolución surge tras un proceso judicial complejo que incluyó dos juicios orales. En el primero, los acusados fueron absueltos, pero un Tribunal de Apelación anuló dicha decisión y ordenó un nuevo juicio, que culminó con la condena actual.

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El caso representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción en Paraguay, estableciendo mecanismos efectivos para la recuperación de fondos públicos malversados y fortaleciendo la confianza en las instituciones de justicia.

La acción de reparación del daño, promovida por el procurador general Marco Aurelio González, demuestra la efectividad de la coordinación entre diferentes instituciones del Estado para garantizar la restitución de recursos públicos afectados por actos de corrupción.

Fuente: ABC Color