Dos senadores bajo la lupa en los exámenes de la Contraloría

La Contraloría General de la República (CGR) se encuentra en la fase final de los exámenes de correspondencia y veracidad patrimonial de diversos funcionarios públicos cuestionados durante el año 2024.

Entre las autoridades bajo investigación destacan los senadores Lizarella Valiente y Ramón Retamozo, ambos vinculados al movimiento cartista, según informó Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la institución.

El proceso de verificación también incluye a autoridades departamentales y municipales como el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA), y el intendente de San Antonio, Santiago Aguilera. La investigación abarca casos de alto impacto mediático, como el de Anadelia Acosta Armoa, ex funcionaria de la Cámara de Diputados, quien renunció tras verse involucrada en la apropiación indebida de una indemnización destinada a familias vulnerables.

Las pesquisas se extienden al sector de la seguridad social y la lucha contra el narcotráfico. Gustavo Arias, ex consejero del IPS, está siendo investigado por un presunto incremento patrimonial injustificado, mientras que Mauro Ruiz Díaz, ex director de Inteligencia Técnica de la Senad, enfrenta cuestionamientos por supuestos vínculos con organizaciones criminales.

En materia de recaudación, Torres reveló que la CGR ha logrado cobrar 2.000 millones de guaraníes en multas durante los últimos cinco años por incumplimientos en la presentación de declaraciones juradas. La nueva legislación establece sanciones proporcionales al salario del funcionario, que oscilan entre el 20% y el 100% según los días de retraso.

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Paralelamente, la Contraloría ha intensificado sus investigaciones en el marco del caso conocido como “Mafia de los Pagarés”. Este proceso involucra el análisis de las declaraciones juradas de 43 funcionarios judiciales, incluyendo nueve jueces de paz de Asunción, junto con sus actuarios y ujieres.

La institución contralora prevé dar a conocer los resultados de estas investigaciones entre febrero y marzo de 2024, marcando un precedente en la supervisión del patrimonio de funcionarios públicos y la lucha contra la corrupción en el país.

Fuente: Última Hora