Crisis política: Arévalo reevalúa renuncia ante vacío fiscal

El diputado Orlando Arévalo considera revertir su renuncia a la Cámara Baja tras revelarse que no existe una investigación formal en su contra en el Ministerio Público, según confirmó su abogado Guillermo Duarte Cacavelos, pese a estar implicado en el escándalo de corrupción destapado por los chats del fallecido legislador Eulalio “Lalo” Gomes.

La controversia se profundiza ante la aparente contradicción entre instituciones judiciales. Mientras el juez Osmar Legal afirma haber presentado una denuncia, la Fiscalía sostiene que no existe causa abierta contra Arévalo, generando un limbo jurídico que podría beneficiar al legislador.

Los chats revelados exponen conversaciones comprometedoras entre Arévalo, quien fungía como titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), y Lalo Gomes, evidenciando operaciones para favorecer a fiscales como Katia Uemura, Stella Mary Cano y a la jueza Sadi Estela López López.

El escándalo incluye el manejo sospechoso de cheques por G. 202 millones, presuntamente vinculados a coimas, además de una investigación paralela en la Fiscalía de Lambaré por supuesto lavado de dinero relacionado con refacciones millonarias en su vivienda.

“Tras la notificación de la Fiscalía, las circunstancias cambian. Sin proceso penal que enfrentar, la renuncia pierde sentido”, explicó Duarte Cacavelos, quien tiene hasta mañana para impugnar la comunicación fiscal.

El Ministerio Público había anunciado el 3 de febrero la conformación de un equipo especial de fiscales, incluyendo a Francisco Cabrera, María Verónica Valdez y Luis Piñánez, para investigar los “hechos denunciados que podrían resultar punibles”.

La situación se complica con una denuncia adicional contra Arévalo y su esposa Carolina González por presunto lavado de dinero y otros delitos, relacionada con obras de construcción valoradas en G. 2.400 millones.

Unite a nuestro canal de WhatsApp

El caso expone graves inconsistencias en el sistema judicial, donde las contradicciones entre la Fiscalía y el Poder Judicial podrían resultar en la impunidad de presuntos actos de corrupción.

Esta crisis institucional amenaza con socavar la credibilidad del sistema judicial y político, mientras la ciudadanía observa con preocupación el posible desenlace favorable para el legislador cuestionado.

Fuente: Última Hora