Buscan frenar inclusión de morosos de Asunción en Informconf

Un proyecto de ley busca evitar que la Municipalidad de Asunción registre a contribuyentes en Informconf por deudas impositivas. La iniciativa es impulsada por el diputado Daniel Centurión y el empresario Enrique Wagener, quienes califican la medida como inconstitucional y arbitraria. La normativa propuesta pretende establecer restricciones a nivel nacional para impedir que cualquier municipio del país realice convenios con entidades privadas de información crediticia sin el consentimiento de los ciudadanos.

El plan de la comuna capitalina se enmarca en la ordenanza general de tributos N° 107/2023, que establece la inclusión de morosos en el sistema crediticio como parte de la gestión fiscal 2024. Según las autoridades municipales, la medida apunta a recuperar una deuda que supera los 5 billones de guaraníes, con el objetivo de fortalecer las finanzas de la ciudad y evitar recurrir a préstamos.

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La empresa designada para ejecutar esta medida es Bicsa, una de las firmas encargadas de administrar Informconf. La administración de Óscar «Nenecho» Rodríguez sostiene que, si todos los contribuyentes cumplieran con sus obligaciones, no sería necesario recurrir a endeudamientos. Sin embargo, los opositores al plan consideran que se vulneran derechos fundamentales al incluir a ciudadanos en un registro crediticio sin su aprobación.

Wagener argumentó que la inclusión en Informconf debería aplicarse únicamente a casos de incumplimientos contractuales vinculados a bienes o servicios adquiridos, y no a tributos municipales. Además, cuestionó que si se aplicara esta lógica, instituciones como la ANDE o la ESSAP también podrían inscribir a sus deudores en el sistema crediticio, lo que generaría un precedente legal controversial.

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El proyecto de ley en elaboración contempla la posibilidad de que los afectados puedan recurrir a instancias judiciales para impugnar su inclusión en Informconf. Centurión sostiene que la normativa protegerá a los contribuyentes y evitará que las administraciones municipales avancen en acuerdos con entidades privadas que afecten la estabilidad financiera de los ciudadanos.

Mientras la propuesta avanza en el ámbito legislativo, la comuna capitalina continúa con el proceso de ejecución de la ordenanza. Se han identificado alrededor de 30 inmuebles de grandes deudores en proceso de remate, lo que refleja la magnitud del problema de morosidad en la ciudad.

Fuente: LPO