Cartismo en crisis: cuestionan protección selectiva a funcionarios
La sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados del lunes se convirtió en un escenario de fuertes cuestionamientos al liderazgo cartista por su manejo diferenciado de los casos vinculados al escándalo #LaMafiaManda. Los legisladores criticaron la protección otorgada a los hermanos Marco y Liliana Alcaraz, mientras se ordena la salida del diputado Orlando Arévalo.
Voces críticas dentro del oficialismo
Santiago Benítez, diputado aliado cartista y reemplazante del fallecido Eulalio “Lalo” Gomes, se mostró particularmente crítico con el Comando de Honor Colorado y el presidente Santiago Peña. Cuestionó duramente la decisión de “soltar la mano” a Arévalo mientras se mantiene en su cargo a Marco Alcaraz, titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia, a quien calificó de “sinvergüenza”.
Incluso desde el propio cartismo, la líder de bancada Rocío Abed manifestó su desacuerdo con que todas las críticas recaigan principalmente sobre el Congreso, reconociendo que el crimen organizado ha permeado varios poderes del Estado.
La inacción del Ejecutivo bajo la lupa
El diputado opositor Raúl Benítez señaló la aparente complicidad del Ejecutivo con el crimen organizado, destacando que mientras el Congreso logró la renuncia de Arévalo, el presidente Peña “no hizo absolutamente nada”. Criticó especialmente la permanencia de Marco Alcaraz, quien aparece en los chats arreglando reuniones sobre causas de narcotráfico.
La diputada Rocío Vallejo (Patria Querida) enfatizó que el caso no puede terminar solo con la renuncia de Arévalo, mientras que Mauricio Espínola, colorado disidente, pidió al presidente Peña romper el statu quo y “dejarse de lindos discursos”.
Llamado a una investigación sin privilegios
Johanna Ortega, del Partido País Solidario, exigió una investigación seria y sin privilegios, rechazando el blindaje a los “amigos del poder”. Por su parte, el diputado Guillermo Rodríguez calificó al presidente Peña como “rehén” del sistema y carente de agallas para tomar acciones concretas.
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La crisis institucional se profundiza mientras los poderes del Estado mantienen posturas encontradas sobre cómo abordar el escándalo. El Poder Judicial y la Fiscalía también son cuestionados por su inacción ante los jueces y fiscales mencionados en los chats de Lalo Gomes.
La renuncia de Arévalo, lejos de calmar las aguas, ha intensificado el debate sobre la necesidad de una limpieza institucional más profunda y la aplicación equitativa de la justicia, independientemente de las conexiones políticas de los involucrados.
Fuente: ABC Color
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