Fiscalía abre sumario contra funcionaria por presunta extorsión a Lalo Gomes

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha iniciado un proceso de investigación administrativa contra Jéssica Magdalena Báez Medina, funcionaria acusada de exigir 300.000 dólares al fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes. Esta grave denuncia fue presentada por Óscar Tuma, abogado de la familia del legislador abatido durante un allanamiento en su vivienda.

Según establece el documento oficial, la Inspectoría General del Ministerio Público ordenó la apertura del sumario tras evaluar las acusaciones formuladas contra Báez Medina. La funcionaria deberá presentar su descargo y las pruebas correspondientes en un plazo de diez días hábiles, conforme al procedimiento establecido.

De acuerdo con las declaraciones del letrado Tuma, la funcionaria fiscal estaría presuntamente vinculada a un “grupo de apriete”, integrado también por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). Este grupo habría exigido una suma significativa de dinero al legislador a cambio de no filtrar información comprometedora en su contra.

El caso adquiere mayor gravedad por la denuncia que vincula a Báez Medina con irregularidades durante el allanamiento realizado en la vivienda de Alexandre Rodrigues, hijo del diputado. Según los denunciantes, la funcionaria habría sido escuchada dando órdenes explícitas para asesinar al joven durante el procedimiento.

Denuncian a funcionaria de Fiscalía por extorsión a Lalo Gomes

Las investigaciones también abarcan su participación en las operaciones denominadas “Pavo Real” y “Pavo Real II”, en las cuales Eulalio Gomes era objeto de pesquisas por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico. Estos procedimientos han sido cuestionados por posibles irregularidades en su ejecución.

Entre las posibles faltas administrativas que se investigarán en el sumario se encuentran: uso indebido de influencias, cohecho, filtración de información reservada, obstrucción de operativos y conducta indebida en procedimientos oficiales. Estas infracciones constituirían violaciones graves a la Ley Orgánica del Ministerio Público y al Reglamento Interno vigente.

El sumario ha sido formalmente caratulado como “Sumario administrativo instruido a la funcionaria Jéssica Magdalena Báez Medina por la supuesta comisión de faltas administrativas”, según confirmaron fuentes oficiales del Ministerio Público.

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Este caso pone de relieve las tensiones existentes entre los procedimientos de lucha contra el crimen organizado y las garantías procesales. Las denuncias de extorsión y comportamiento irregular durante allanamientos plantean serias interrogantes sobre la integridad de ciertos operativos antidroga en el país.

La resolución de este sumario administrativo podría sentar un precedente importante para la transparencia institucional en el Ministerio Público, en un momento en que la confianza ciudadana en los organismos de seguridad y justicia se encuentra particularmente cuestionada.

Fuente: ABC Color