Comenzó el juicio al exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio

El proceso judicial contra el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, acusado por cohecho pasivo agravado, inició este lunes en medio de controversias sobre pruebas y procedimientos. La causa está vinculada al alquiler de una camioneta perteneciente a Marcus Vinicius Espindola Marques, presunto narcotraficante.

Defensa solicita postergación para designar perito

Durante la primera audiencia, la defensa del exfuncionario, encabezada por el abogado Emilio Fuster, solicitó una prórroga de 10 días para designar un perito relacionado con la declaración de Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, actualmente detenido en Brasil por presuntos vínculos con el narcotráfico.

“El proceso se desarrolló penosamente mal. El Juzgado Penal de Garantías debió corregir y filtrar todas estas malas actuaciones”, expresó Fuster, cuestionando la validez de pruebas que, según sostiene, “han sido obtenidas e introducidas de forma ilegal” y sin dar participación a la defensa.

Tras la deliberación, el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Adriana Planás, Matías Garcete y Yolanda Morel, determinó que no existían agravios suficientes para suspender el inicio del juicio. Sin embargo, se estableció que el proceso continuará el próximo viernes 14 de marzo a las 8:30 horas.

Controversia por pruebas provenientes de Brasil

El caso presenta una fuerte disputa respecto a la incorporación de evidencias. Giuzzio manifestó su oposición a la introducción de información proveniente de la extracción de datos del celular incautado a Lindomar Reges Furtado, proporcionada por la justicia brasileña.

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“El Ministerio Público no argumentó qué elementos, hechos o circunstancias provocan que sea admisible ese elemento en un juicio en el que nada tiene que ver Lindomar”, afirmó el exministro, quien también cuestionó el uso del disco duro que contendría comunicaciones entre Marcus Vinicius y Lindomar.

Por su parte, el fiscal Jorge Arce defendió la incorporación de estas pruebas, argumentando que “son hechos posteriores a la elevación a juicio” y que podrían “revelar cierta información sobre la participación del acusado” que resultaría útil para la resolución del Tribunal.

Los hechos bajo investigación

La acusación sostiene que Giuzzio, mientras ejercía como ministro del Interior, mantuvo encuentros con Vinicius, quien administraba las empresas Black Eagle Group SA y Ombú SA, dedicadas al blindaje de vehículos y elementos de protección policial.

Según la investigación, Vinicius obtuvo varios contratos para proveer chalecos antibalas y equipamiento de seguridad a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior durante la gestión de Giuzzio. El exministro habría aceptado sobornos para favorecer a estas empresas como proveedoras.

Además, se investiga la utilización de gastos reservados para la reparación de vehículos, evitando los procesos establecidos por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, y el uso “de gentileza” de una camioneta blindada propiedad de Vinicius para un viaje de vacaciones a Brasil, hecho que finalmente le costó el cargo a Giuzzio.

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La fiscalía sostiene que estas “cortesías” fueron otorgadas “con la intención de que pueda ser beneficiado en un futuro con alguna adjudicación para la provisión de chalecos antibalas y vehículos blindados” a instituciones estatales.

Fuente: El Observador