Familia Pecci exige USD 2 millones al Estado colombiano

La familia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci presentó una demanda contra el Estado colombiano y Hoteles Decameron por presuntas “omisiones graves” que habrían facilitado el asesinato del agente del Ministerio Público durante su luna de miel. La acción legal fue interpuesta ante el Juzgado 64 Administrativo de Bogotá, donde solicitan una indemnización de 10.000 millones de pesos colombianos, equivalentes a aproximadamente 2,43 millones de dólares americanos al cambio actual.

El documento presentado sostiene que las autoridades colombianas no implementaron las medidas preventivas necesarias para evitar el crimen ocurrido el 10 de mayo de 2022. Pecci, reconocido por su labor contra el crimen organizado en Paraguay, se encontraba disfrutando de sus vacaciones junto a su esposa Claudia Aguilera, quien estaba embarazada al momento del atentado, en las instalaciones del hotel ubicado en Isla Barú, Cartagena.

La demanda señala fallas en los protocolos de seguridad tanto por parte del Estado colombiano como del establecimiento hotelero. Según publicaciones del diario El Tiempo de Colombia, los familiares argumentan que existían indicios sobre posibles amenazas contra la vida del fiscal que no fueron debidamente atendidos, lo que permitió que los criminales ejecutaran el ataque sin mayores impedimentos en un lugar que debía garantizar la protección de sus huéspedes.

Francisco Luis Correa Galeano, considerado el cerebro detrás del asesinato de Pecci, fue hallado muerto el 3 de enero dentro de su celda en la cárcel La Picota de Bogotá. Esta situación ha generado nuevas interrogantes sobre el caso, ya que Correa Galeano era una pieza clave para determinar quiénes fueron los autores intelectuales del crimen contra el fiscal paraguayo.

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La justicia colombiana ya ha emitido varias sentencias relacionadas con este caso. Margareth Lizeth Chacón recibió una condena de 39 años y 10 meses de prisión por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego. Mientras tanto, Andrés Felipe Pérez Hoyos y Ramón Emilio Pérez Hoyos fueron sentenciados a 25 años y 6 meses de cárcel por ordenar y financiar el asesinato del fiscal.

Otros implicados como el sicario venezolano Wendre Still Scott, Eirson Arrieta Zabatela, Marisol Londoño Bedoya y Cristhian Monsalve Londoño enfrentan penas de 23 años y 6 meses de prisión por su participación en el homicidio. A pesar de estos avances judiciales, la familia Pecci considera que existe una responsabilidad directa del Estado colombiano y del complejo hotelero, por lo que buscan una reparación económica por los daños causados tras la pérdida del fiscal paraguayo.

Fuente: Última Hora