Hambre Cero: irregularidades sin sanciones tras informe de CGR

La Contraloría General de la República (CGR) destapó serias irregularidades en la ejecución del programa Hambre Cero, iniciativa insignia del gobierno de Santiago Peña. El informe, remitido al Congreso Nacional el 11 de abril, evidencia numerosas anomalías detectadas tras la fiscalización de más de 300 instituciones educativas del país, revelando un patrón sistemático de incumplimientos contractuales por parte de las empresas proveedoras.

El documento de la CGR detalla cómo las empresas adjudicadas entregaron insumos incompletos para el almuerzo escolar en numerosas instituciones, dejando a cientos de niños sin alimentación adecuada en escuelas públicas. Esta situación contradice frontalmente los objetivos declarados del programa, diseñado precisamente para garantizar la seguridad alimentaria de estudiantes en condición de vulnerabilidad.

Las falencias identificadas no se limitaron a los alimentos. La Contraloría constató que en múltiples establecimientos de San Pedro, Paraguarí, Boquerón y Alto Paraguay, las proveedoras tampoco entregaron los utensilios necesarios para la preparación de los alimentos, ni los muebles o electrodomésticos indispensables para el almacenamiento y conservación de los insumos, violando abiertamente las condiciones establecidas en los millonarios contratos adjudicados.

Ante la gravedad de los hallazgos, la CGR emitió recomendaciones contundentes al Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), instando a establecer sanciones significativas como multas económicas o, en casos de mayor gravedad, proceder a la rescisión de contratos con las empresas incumplidoras. El organismo de control enfatizó la necesidad de acciones correctivas proporcionales a la magnitud de los recursos públicos comprometidos en estas contrataciones.

El presidente del Consejo de Gobernadores, César Sosa (ANR-cartista), quien integra el Conae presidido por el ministro Tadeo Rojas, aseguró que se tomaron medidas “inmediatas” tras recibir el informe. Sin embargo, sus declaraciones contrastan con la realidad de los hechos: ninguna empresa proveedora ha sido sancionada hasta el momento, evidenciando una respuesta institucional insuficiente frente a las irregularidades documentadas.

Unite a nuestro canal de WhatsApp

El gobernador de Guairá minimizó los hallazgos al afirmar que solo se detectaron “menos de 50 casos” de irregularidades entre 7.000 escuelas beneficiarias, calificando el informe como un simple “llamado de atención”. “Se hicieron los reclamos de forma inmediata, se les notificó a las empresas y se hicieron los cambios correspondientes. En el primer mes tuvimos varios problemas logísticos, pues la gente recién se estaba ubicando y equipando las escuelas”, argumentó Sosa, relegando las fallas a cuestiones meramente operativas.

Fuente: ABC Color