Gobierno evalúa nuevo método para ajustar el salario mínimo
El Gobierno Nacional abrió un debate interno para revisar el actual sistema de ajuste del salario mínimo legal, basado en el índice de precios al consumidor (IPC). La propuesta fue planteada por el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, durante una reunión del Equipo Económico, según confirmó la ministra de Trabajo, Mónica Recalde.
El planteamiento apunta a elaborar una canasta de consumo alternativa que refleje con mayor precisión el gasto real de los trabajadores que ganan el salario mínimo, dado que la actual fórmula —según el MEF— no mide con claridad el impacto de la inflación en los sectores más vulnerables.
Recalde reconoció que no será posible modificar el esquema vigente antes de junio, cuando por ley debe evaluarse el reajuste. Sin embargo, adelantó que se trabajará durante el año para definir un nuevo mecanismo. “El objetivo es tener una fórmula más representativa del bolsillo de los asalariados”, afirmó.
Fernández Valdovinos, en declaraciones radiales, cuestionó que la medición actual del BCP se basa en una canasta útil para la política monetaria, pero que no necesariamente refleja la realidad de quienes perciben ingresos mínimos. Según datos del MEF, la diferencia entre la canasta total y la de alimentos llegó al 15% en marzo de este año.
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Por su parte, las centrales obreras volvieron a exigir un incremento del 20% del salario mínimo. Argumentan que el poder adquisitivo cayó entre 35% y 40% desde 2021, por lo que consideran “insuficiente” cualquier ajuste basado en el IPC. También reclaman que el salario sea indexado a una inflación real, como ocurre con tarifas o sanciones.
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Además del reajuste, el Ejecutivo analiza otras medidas para mitigar el impacto del costo de vida, como una posible rebaja en el precio de los combustibles y una tarifa diferenciada en el servicio eléctrico. “El presidente Peña pidió avanzar en acciones que alivien el gasto cotidiano de las familias trabajadoras”, señaló Recalde.
El tema será uno de los ejes de discusión en los próximos meses, en un contexto de presión sindical y crecientes cuestionamientos sobre el deterioro del poder de compra en el país.
Fuente: ÚH
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