Rechazan detonar explosivos del caso Félix Urbieta

En el marco del proceso por el secuestro de Félix Urbieta, la jueza de Crimen Organizado Rosarito Montania resolvió rechazar la solicitud presentada por el Ministerio Público para detonar de forma controlada artefactos explosivos incautados durante la investigación. La decisión se fundamenta en la necesidad de profundizar en la trazabilidad de estos elementos, con el fin de identificar a los proveedores y posibles colaboradores logísticos de organizaciones criminales.

Los artefactos en cuestión incluyen iniciadores pirotécnicos, cordones detonantes y cargas de power gel, que fueron encontrados durante los procedimientos vinculados al caso. El fiscal Lorenzo Lezcano Zárate argumentó en su solicitud que se trataba de dispositivos improvisados y altamente inestables, cuya conservación prolongada representaría un riesgo para la seguridad de los intervinientes.

Requisitos legales y técnicos no fueron cumplidos

La jueza Montania consideró que la petición no cumplía con las condiciones previstas en la Ley N.º 7411/2024, que regula el manejo y disposición de materiales explosivos. Según explicó en su resolución, no se acreditó que los artefactos hayan sido entregados formalmente a la Dirección General de Material Bélico (DIGEMABEL), institución encargada de su custodia. Tampoco se presentó un dictamen técnico que avale el carácter peligroso de los mismos en su estado actual.

Montania enfatizó la importancia de identificar adecuadamente el tipo, origen, número de serie y fabricante de los explosivos para avanzar en la desarticulación de las redes de apoyo a grupos criminales. Subrayó que la destrucción anticipada de los elementos sin esta información comprometería la posibilidad de esclarecer vínculos logísticos que podrían resultar clave para el avance de la investigación penal.

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Félix Urbieta fue secuestrado en octubre de 2016 en el departamento de Concepción por un grupo armado que se presume vinculado al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Aunque han pasado más de siete años, el caso sigue abierto, y se mantienen líneas de investigación activas con nuevos elementos de prueba y procedimientos operativos.

Los explosivos incautados en este contexto podrían aportar indicios sobre la estructura y capacidades logísticas del grupo que ejecutó el secuestro. Por ello, la magistrada reiteró la obligación del Ministerio Público de agotar todas las vías investigativas antes de proponer la eliminación de evidencia potencialmente relevante.

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La jueza concluyó su resolución señalando que el combate a organizaciones criminales debe tener como prioridad la identificación de sus redes de apoyo. En ese marco, instó a los organismos intervinientes a coordinar esfuerzos con entes especializados y a respetar los protocolos establecidos en la normativa vigente para el manejo de materiales explosivos.

Fuente: El Nacional