Contralor justifica intervención en Asunción y CDE

El contralor general de la República, Camilo Benítez, respondió a las críticas surgidas tras su solicitud de intervención de las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este. En entrevista con radio Monumental, aseguró que la Constitución Nacional otorga a la Contraloría General la facultad de impulsar este tipo de pedidos ante la existencia de graves irregularidades en la administración municipal. Señaló que su actuación se enmarca en los artículos constitucionales vigentes y no depende exclusivamente de normativas reglamentarias.

Frente a cuestionamientos de algunos sectores legislativos que citan la derogación de la Ley 317/94 por la Carta Orgánica Municipal (Ley 3966/10), Benítez sostuvo que la atribución se fundamenta directamente en el texto constitucional. Reiteró que la Ley Orgánica transcribe la facultad ya contemplada en la Constitución, y por tanto, no existe conflicto legal que invalide el accionar de la Contraloría.

El contralor explicó que ambas municipalidades, encabezadas por Nenecho Rodríguez (Asunción) y Miguel Prieto (Ciudad del Este), presentan condiciones similares que ameritan la solicitud de intervención. Entre los motivos, citó graves irregularidades en la ejecución presupuestaria y la existencia de múltiples informes remitidos por la Contraloría al Ministerio Público con indicios de hechos punibles.

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Indicó además que ambas administraciones han utilizado recursos legales ante el Tribunal de Cuentas con el fin de limitar las competencias de fiscalización de la Contraloría. Este comportamiento, según Benítez, evidencia una intención de obstruir la transparencia institucional. También recordó que ambos intendentes están imputados por hechos relacionados con lesión de confianza, lo que, a su criterio, refuerza la necesidad de una intervención formal.

Rechazo político y percepción del contralor

Camilo Benítez manifestó su sorpresa ante las críticas que ha recibido, sugiriendo que la reacción negativa podría tener motivaciones políticas. Sostuvo que esperaba respaldo a su decisión, considerando la gravedad de los hechos denunciados. Al mismo tiempo, aclaró que el pedido de intervención conjunto responde a una evaluación técnica y no a un criterio discrecional.

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En su declaración, reiteró que el órgano a su cargo no puede quedar al margen cuando existen elementos suficientes para solicitar la intervención administrativa de municipios. Afirmó que el mandato constitucional impone la obligación de actuar ante indicios fundados de malversación o desvío de recursos públicos.

El pedido de intervención será analizado por el Congreso Nacional, que deberá evaluar la validez de los argumentos presentados y determinar si corresponde el nombramiento de interventores en ambas municipalidades.

Fuente: Última Hora