Tadeo flexibiliza controles de Hambre Cero ante protestas

El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, decidió modificar el sistema de certificación del programa Hambre Cero para acelerar los pagos a las empresas proveedoras. La medida busca contener los reclamos empresariales por retrasos en las transferencias de fondos que afectan la provisión de alimentos en escuelas públicas.

La flexibilización establece un método híbrido donde las empresas podrán cobrar con el 50% de justificación en el Sistema Integrado de Alimentación (SIAE). Esta decisión representa un cambio significativo respecto a la exigencia inicial de certificar completamente cada entrega antes de recibir los pagos correspondientes.

Los gobernadores habían trabado las transferencias hasta que las empresas cumplieran con requisitos estrictos del SIAE y el pago anticipado de comisiones. Esta situación generó tensiones entre los proveedores y las autoridades departamentales, poniendo en riesgo la continuidad del programa que atiende a más de un millón de alumnos.

Incumplimiento de promesas presidenciales

El presidente Santiago Peña se había comprometido a que los pagos no superaran los 10 días de plazo. Sin embargo, la realidad mostró trabas administrativas que retrasaron las transferencias, especialmente en la facturación correspondiente a la primera semana de abril, generando malestar en el sector empresarial.

Desarrollo Social pide auditoría a gobernaciones por Hambre Cero

Las empresas grandes aún no reciben pagos completos, mientras que las medianas comenzaron a percibir importes parciales. Esta disparidad en los cobros evidencia las dificultades del sistema implementado inicialmente por el Ministerio de Desarrollo Social para gestionar el programa alimentario.

Fuentes del sector empresarial confirmaron que perciben la flexibilización como un gesto de buena voluntad del gobierno. La medida permitirá a las proveedoras mantener sus servicios sin interrupciones, objetivo crucial para el Ejecutivo que considera Hambre Cero como programa estrella de la administración Peña.

Múltiples frentes de conflicto

Rojas enfrenta simultáneamente un pedido de interpelación presentado por la Coordinadora Nacional de Adultos Mayores y Familia. Los reclamos apuntan a irregularidades en la administración de pensiones y la aparición de personas fallecidas en listas de beneficiarios del programa social.

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La Coordinadora cuestiona la reducción de 312 mil a 302 mil adultos mayores incluidos en el programa. Elías Cabral, presidente de la organización, señaló que esta diferencia representa aproximadamente 30 mil millones de guaraníes anuales sin destino claro, generando sospechas sobre la gestión ministerial.

Los senadores Dionisio Amarilla y el diputado Cleto Giménez recibieron el pedido de interpelación, que será evaluado en las comisiones de Adultos Mayores del Congreso. Esta situación agrega presión política sobre Rojas, quien debe manejar múltiples crisis administrativas simultáneamente en su cartera ministerial.

Fuente: La Política Online