Gobierno lanza plan de ciberseguridad sin acceso a la prensa

Tras una serie de ataques informáticos a instituciones del Estado, el Gobierno presentó su estrategia nacional de ciberseguridad. El acto, liderado por el ministro del Mitic, Gustavo Villate, se realizó sin acceso a la prensa ni posibilidad de preguntas, a pesar del contexto de vulnerabilidad tecnológica que afecta a todo el aparato estatal.

Villate argumentó que el 95% de los ataques exitosos se deben a fallas humanas, señalando la urgencia de promover contraseñas seguras y el uso del doble factor de autenticación. La estrategia hace énfasis en la “concientización” más que en garantizar una seguridad total, pues —según dijo— “el riesgo cero no existe”.

Entre los actores clave del proyecto se encuentran las Fuerzas Armadas, en particular personal especializado de la Armada, con el objetivo de suplir una de las principales debilidades: la falta de recursos humanos capacitados. La estrategia fija como meta el año 2028 para alcanzar un entorno cibernético más seguro y resiliente.

El documento fue desarrollado con cooperación técnica de Estados Unidos, Israel y Taiwán, los tres aliados más estrechos del gobierno de Santiago Peña en materia de política exterior. También se contó con el respaldo de la OEA, cuyo embajador fue mencionado como uno de los facilitadores del intercambio de experiencias con otros países.

Villate enumeró siete ejes estratégicos del plan: desde el fortalecimiento del capital humano, hasta la creación de normas específicas y respuestas ante delitos como el ransomware. Además, se busca incluir la educación digital en las escuelas y formar alianzas con universidades, medios y empresas.

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El evento contó con la presencia del presidente de la República, quien recordó que incluso su propia cuenta de X fue hackeada, lo que generó un momento de alarma en el entorno gubernamental. Peña reconoció que la experiencia fue una advertencia sobre la fragilidad digital que afecta a Paraguay.

Sin embargo, el hermetismo del acto llamó la atención. La decisión de excluir a los medios generó críticas sobre la falta de transparencia en una materia que afecta directamente a la ciudadanía y a los servicios públicos. La estrategia también llega en medio del retraso en la aprobación de una ley integral de protección de datos personales, pendiente desde hace años.

Fuente: ÚH