Senado plantea elevar pena para adolescentes a 10 años

La Comisión de Legislación del Senado avanza hacia un consenso para modificar el régimen penal juvenil. El senador Eduardo Nakayama confirmó que existe acuerdo para elevar las penas máximas aplicables a adolescentes que cometen delitos graves, pasando de 8 a 10 años de privación de libertad.

La propuesta surge tras el análisis de varios proyectos de ley presentados en el Congreso Nacional. Nakayama explicó que algunas iniciativas contemplan penas de hasta 15 años, pero las instituciones especializadas en niñez y adolescencia consideran excesiva esta medida por compromisos internacionales asumidos por Paraguay.

El legislador fundamentó la propuesta en los acuerdos regionales vigentes. “Por acuerdos internacionales, las penas no pueden exceder lo que se tiene en el Sistema Americano, que es de 10 años”, señaló Nakayama. Esta medida busca equiparar la legislación paraguaya con países como Costa Rica y Chile, que establecen idéntico límite temporal.

La Comisión de Legislación ya alcanzó consenso interno sobre esta modificación normativa. “Existe un consenso en ese sentido para equipararnos a esos países mencionados”, confirmó el senador. Esta decisión refleja la búsqueda de armonización legislativa regional en materia de justicia penal juvenil.

Nakayama recordó las limitaciones constitucionales que rigen el sistema punitivo nacional. La Constitución Nacional prohíbe expresamente la cadena perpetua y la pena de muerte, lo que impide considerar sanciones más severas. “Hasta tanto no pase por una asamblea constituyente, no podemos”, enfatizó sobre propuestas que excedan estos límites.

La Comisión de Asuntos Constitucionales mantiene una posición diferente sobre esta temática. Presidida por el senador Javier Zacarías Irún del Partido Colorado, esta comisión dictaminó por mayoría la aprobación de un proyecto que contempla penas de hasta 15 años, aunque las modificaciones específicas no fueron detalladas públicamente.

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Las instituciones públicas especializadas en niñez y adolescencia recomiendan un enfoque integral del proyecto legislativo. Sugieren incorporar cláusulas que refuercen el análisis de madurez psicosocial individual como requisito para aplicar penas privativas de libertad, respetando los parámetros de convencionalidad internacional establecidos.

Los organismos especializados proponen fortalecer programas de justicia restaurativa y medidas alternativas de reinserción psicosocial. Estas recomendaciones se basan en la Convención de los Derechos del Niño y las Reglas de Tokio, instrumentos internacionales que privilegian la rehabilitación sobre el castigo en el sistema de justicia penal juvenil.

Fuente: ABC Color