Mafia de los pagarés: Salud detecta 2.700 funcionarios con embargos

El Ministerio de Salud Pública identificó que 2.700 funcionarios de su plantel enfrentan procesos judiciales que afectan sus ingresos, según confirmó la ministra María Teresa Barán tras reunirse con la comisión parlamentaria que investiga la llamada «mafia de los pagarés».

Del total de casos, 930 corresponden a juicios por prestación alimentaria y 1.770 a embargos salariales por deudas. El fenómeno se da con mayor frecuencia en personal como enfermeras, técnicos y trabajadores de apoyo, quienes ven reducidos sus ingresos por múltiples descuentos.

Barán afirmó que el Ministerio se ve obligado a aplicar los descuentos ordenados por jueces, respetando el límite legal del 25% del salario. No obstante, anunció que se activarán medidas internas para proteger los ingresos de los afectados, incluyendo asistencia jurídica y educativa.

Una de las principales acciones será brindar capacitaciones en educación financiera y difundir el derecho que tienen los trabajadores de revocar descuentos voluntarios. “Muchas veces los funcionarios ni siquiera saben que pueden anular esos descuentos”, advirtió la ministra.

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También se trabajará en la coordinación con otras instituciones públicas para evitar la duplicación de embargos, una situación que afecta aún más a los trabajadores. Casos en que un mismo embargo se descuenta en Salud, IPS o la UNA serán revisados.

Desde el Ministerio anunciaron que cada situación será tratada de forma individual, con acompañamiento legal y apoyo de la Dirección de Giraduría para solicitar la suspensión de descuentos en casos irregulares.

Rafael Filizzola, senador y presidente de la comisión especial que investiga esta trama, destacó el compromiso mostrado por la ministra. “Ella reconoce el problema. Buscamos lo mismo: que se respete la ley y que el trabajador sepa qué se le descuenta y por qué”, expresó.

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El parlamentario reiteró que los descuentos judiciales no deben superar el 25% del salario y denunció prácticas abusivas de algunas entidades financieras y asociaciones. Defendió el derecho de los funcionarios a revocar estos cobros cuando no están debidamente justificados.

Para continuar con la investigación, la comisión “antimafia” convocará la próxima semana al presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), al decano de la Facultad de Medicina y a representantes del Banco Nacional de Fomento (BNF).

Fuente: ABC Color