Nelson Mora y tres funcionarios más, apartados por el interventor en la Municipalidad de Asunción

La intervención de la Municipalidad de Asunción ya empieza a mostrar sus primeros efectos. El interventor Carlos Pereira ordenó la separación de varios funcionarios del entorno directo del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, incluyendo al jefe de Gabinete y otros tres integrantes del círculo más próximo.

Nelson Mora, quien asumió la jefatura de Gabinete en agosto de 2023, fue apartado de sus funciones temporalmente. En su lugar fue designada Sara Cristina Martínez Candia, exfuncionaria del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat durante la gestión del propio Pereira.

La medida se dio en el marco de la primera resolución de Pereira, tras asumir como interventor. Esta decisión también alcanzó a Julio Rolando González Giménez, secretario privado del intendente, quien fue reemplazado por Olimpo Onofre Quiroga Espinoza. González había reconocido su participación en la causa de Ivesur, donde fue investigado por producción de documentos falsos.

Asimismo, fue desplazada María Cristina Signorino, secretaria general, sustituida por Alice Stella Delgadillo Servín. Signorino, quien gozaba de un salario superior a G. 19 millones mensuales, era una de las figuras clave del equipo político de Rodríguez.

Otra destitución relevante fue la de Ángel Fernando Chávez, quien interinaba como director general de Administración y Finanzas. Su reemplazo es Víctor Raúl Gamarra Popoff. Chávez había asumido tras la salida de Edwin López Cattebecke, también durante la gestión de Rodríguez.

La intervención fue solicitada tras un dictamen de la Contraloría General de la República que confirmó el uso indebido de G. 500.000 millones de bonos destinados a obras, desviados para cubrir gastos corrientes. Este hallazgo motivó la apertura de una investigación fiscal.

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Rodríguez enfrenta además cargos por lesión de confianza y asociación criminal en la conocida causa de los “detergentes de oro”, por compras irregulares durante la pandemia. Según el Ministerio Público, el perjuicio al Estado en este caso alcanza los G. 1.850 millones.

Mientras la Fiscalía avanza con sus indagaciones, la administración comunal revela cifras alarmantes. En apenas cuatro meses, se gastaron más de US$ 30 millones en salarios, mientras que la deuda acumulada con la Caja Municipal supera los G. 14.000 millones.

Fuente: ABC Color