Procurador defiende ley que limita cargos de confianza

El procurador general de la República, Marco Aurelio González, refutó la acción de inconstitucionalidad promovida por la Municipalidad de San Lorenzo contra la Ley N.º 7445/2025, que regula la carrera del Servicio Civil. Afirmó que la normativa no vulnera la autonomía institucional, sino que promueve la profesionalización y meritocracia en el empleo público.

La acción fue planteada por el intendente Felipe Salomón (ANR-HC), quien argumenta que la ley limita su capacidad para designar cargos de confianza. En respuesta, González subrayó que el objetivo de la legislación es evitar la discrecionalidad y garantizar la estabilidad jurídica y eficiencia del servicio público.

La Ley del Servicio Civil establece un máximo de cuatro cargos de confianza en la estructura institucional: directores de gabinete, jurídico, general de administración y finanzas, y el secretario general. Según González, esta limitación es razonable y coherente con estándares internacionales de gobernanza.

El procurador cuestionó la necesidad de ampliar ese número, recordando que también existen tres cargos de asesor por cada concejal, igualmente designables por confianza. A su criterio, corresponde al intendente justificar públicamente por qué requiere más designaciones fuera del marco previsto en la ley.

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Además, aclaró que la autonomía de las municipalidades no es absoluta y puede ser objeto de regulación. Citó precedentes de la Corte Suprema que avalan la posibilidad de establecer límites normativos a instituciones autónomas, como ocurrió en el caso de la Universidad Nacional de Asunción.

En el mismo sentido, González reiteró que la autonomía no implica inmunidad frente a normas legales generales. Destacó que todas las entidades públicas están sometidas a la Constitución y al marco jurídico nacional, incluido el Código Civil.

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Actualmente, la Procuraduría está al tanto de tres acciones contra la Ley 7445, aunque la Corte Suprema ha recibido al menos siete presentaciones. La institución adelantó que solicitará formalmente ser parte de los litigios en curso para defender la constitucionalidad de la normativa.

Por último, el procurador no descartó que se esté gestando una estrategia coordinada entre varias instituciones para impedir la aplicación de la ley, tal como ocurrió con la derogada Ley de la Función Pública. En este contexto, instó a la Corte a actuar con celeridad y firmeza.

Fuente: ABC Color