Contraloría revela irregularidades administrativas en ministerios y entes públicos

La Contraloría General de la República (CGR) presentó este jueves ante el Congreso Nacional su informe final correspondiente al ejercicio fiscal 2024, en el que se identificaron numerosas irregularidades en las ejecuciones financieras de ministerios e instituciones estatales. El contralor Camilo Benítez entregó el documento al vicepresidente segundo del Senado, Dionisio Amarilla, y expuso serias fallas administrativas que afectan la transparencia en la gestión pública.

Entre los casos más llamativos figura el del Ministerio del Interior, donde se detectó que varias patrulleras figuran como activos vigentes pese a que ya no existen físicamente o están en desuso. “Se recomienda dar de baja estos bienes para sincerar el balance patrimonial”, indicó Benítez.

En el área de salud, la situación es aún más crítica. En el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), se descubrió la compra de un medicamento por valor de G. 5.000 millones destinado a un paciente que ya había fallecido al momento de la adquisición. La falta de previsión provocó el vencimiento del fármaco, con la consecuente pérdida de los recursos públicos invertidos.

Otro caso señalado fue el del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se encontraron inmuebles utilizados por consulados y embajadas que no están registrados formalmente a nombre del Estado paraguayo, con un valor estimado en G. 138.000 millones.

El informe incluye dictámenes con salvedad para instituciones como Interior, Cancillería, Agricultura, Desarrollo Social, Conatel, Puertos, Dinapi y el Crédito Agrícola de Habilitación, lo que implica que, si bien presentan razonabilidad contable, contienen observaciones relevantes que deben corregirse. Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio del Ambiente (Mades) recibieron dictámenes no razonables, mientras que Essap aún no tiene balance aprobado.

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Benítez aclaró que las irregularidades no implican automáticamente la existencia de hechos punibles, pero podrían derivar en denuncias penales si los análisis jurídicos lo confirman. Las entidades afectadas deberán presentar planes de mejora y participar en mesas técnicas con la CGR.

Finalmente, el contralor advirtió sobre el proyecto de ley en estudio en la Cámara de Diputados que pretende ampliar de dos a cuatro las salas del Tribunal de Cuentas. Alertó que esta medida favorecería la impunidad al anular auditorías pasadas y debilitar el control fiscal. “No se puede permitir una estructura paralela que bloquee la transparencia”, concluyó.

Fuente: ABC Color