Audiencia preliminar contra exintendente de Lambaré

El exintendente de Lambaré, Armando Gómez, afronta una audiencia preliminar ante el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú, en el marco de una causa por presunta estafa mediante sistemas informáticos, hurto y asociación criminal. El proceso también involucra a otros cuatro funcionarios municipales.

El fiscal Francisco Cabrera ratificó la acusación contra Gómez y los exdirectivos Roberto Paredes, de Administración y Finanzas; Rodrigo Portillo Chirife, jefe de Tesorería; Édgar Iván Villalba, director interino de Gestión Tecnológica, y Ricardo Ricciardi, funcionario del área. Tres de ellos afrontan además el cargo de alteración de datos relevantes para la prueba.

Durante la diligencia, la Fiscalía también se ratificó en el pedido de sobreseimiento definitivo para el director de Auditoría Interna, Walter Omar Belotto, y la contadora Sonia Raquel Notario, inicialmente procesados. La querella adhesiva de la Municipalidad coincidió con el Ministerio Público en mantener las acusaciones principales y los pedidos de sobreseimiento.

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La investigación señala que en 2019 se habrían ejecutado 6.390 anulaciones irregulares de facturas de contribuyentes, con un perjuicio estimado en G. 9.317 millones. Según la acusación, los procesados idearon un esquema para retener depósitos, anular registros y desviar fondos.

El mecanismo, de acuerdo con la Fiscalía, consistía en que el tesorero entregaba las recaudaciones diarias al director de Finanzas, quien indicaba los montos a sustraer. Luego, el jefe de Tesorería informaba al director interino de Gestión Tecnológica para anular las facturas en el sistema municipal.

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Las anulaciones se realizaban, presuntamente, al final de la jornada laboral y en montos que variaban entre G. 20 millones y G. 40 millones diarios. Los fondos retenidos no llegaban a los bancos en el plazo establecido, facilitando su desvío.

Las defensas de los procesados iniciaron la presentación de incidentes previos, que deberán ser analizados por el juez Otazú antes de decidir la elevación o no del caso a juicio oral y público.

Fuente: Última Hora