Lizarella envía escribano contra diputado por acusación

Lizarella Valiente recurre a la vía legal para enfrentar las acusaciones del diputado Raúl Benítez sobre el supuesto financiamiento irregular de su campaña electoral. La senadora colorada ordenó el envío de un escribano al despacho legislativo para exigir ratificación o rectificación de las declaraciones que vinculan los bonos G8 con gastos de propaganda política durante las elecciones de 2023.

El abogado Óscar Tuma califica las manifestaciones de Benítez como absolutamente falsas y carentes de sustento fáctico y jurídico. La estrategia legal busca formalizar el proceso de confrontación ante declaraciones que la defensa considera un agravio directo al honor y reputación de la legisladora. Esta acción marca el inicio de una batalla judicial que promete revelar detalles sobre el manejo financiero municipal.

Benítez mantiene su posición desafiante y confirma que aguardará al escribano en su oficina para ratificar completamente sus afirmaciones. El legislador sostiene que los datos disponibles evidencian el uso de recursos municipales para costear la campaña de la esposa del ex intendente Óscar Nenecho Rodríguez. Sus declaraciones radiales refuerzan la tesis del presunto desfalco municipal vinculado a intereses electorales.

La cronología presentada por Benítez resulta comprometedora para la defensa de Valiente. Los 180.000 millones de guaraníes transferidos el 30 de noviembre de 2022 coinciden temporalmente con movimientos financieros registrados entre el 6 y 14 de diciembre. Esta proximidad con los comicios genera interrogantes sobre la casualidad de tales operaciones en período electoral crítico.

El análisis geográfico del triunfo electoral de Lizarella refuerza los argumentos de Benítez sobre la concentración del apoyo político. La senadora obtuvo victorias en 68 locales a nivel nacional, pero 67 correspondían exclusivamente a Asunción. Esta distribución sugiere una correlación directa entre la inversión municipal y los resultados electorales en la capital del país.

El informe del interventor Carlos Pereira expone irregularidades graves en el manejo de los bonos G8 por parte de la administración municipal. Los reintegros y reposiciones estaban condicionados a ingresos propios insuficientes para cubrir los montos utilizados indebidamente. La documentación oficial confirma violaciones a la Ley Orgánica Municipal al destinar fondos crediticios a gastos corrientes.

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La revelación sobre el destino real de los 500.000 millones de guaraníes genera cuestionamientos ciudadanos sobre la transparencia administrativa. Pereira subraya que estos recursos financiaron gastos corrientes en lugar de obras de infraestructura como se había prometido públicamente. La respuesta oficial desmiente las versiones sobre inversiones en proyectos de desarrollo urbano.

La confrontación entre Valiente y Benítez trasciende el ámbito parlamentario para convertirse en un caso judicial con implicaciones políticas mayores. El procedimiento notarial iniciado por la senadora busca formalizar las acusaciones y generar pruebas documentales que sustenten futuras acciones legales. Esta estrategia podría derivar en procesos por difamación o calumnia según la ratificación del diputado.

Fuente: Última Hora