Imputan a Miguel Prieto por presunta lesión de confianza

La justicia paraguaya abrió un nuevo capítulo en torno a la gestión municipal de Ciudad del Este durante el año 2020. El exintendente Miguel Prieto fue imputado por presunta lesión de confianza, uso de documentos falsos y producción de documentos no auténticos, en un caso que involucra el manejo de más de G. 311 millones.

La acusación fue formalizada por la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, a cargo de los fiscales Néstor Coronel Gamarra, Luz Guerrero y Marlene González. El proceso forma parte de la causa “Sebastián Insfrán y otros s/ Lesión de Confianza y otros”, que también alcanza a exfuncionarios municipales y representantes de subcomisiones beneficiadas con fondos públicos.

Según la investigación, la Municipalidad destinó G. 311.580.000 a dos subcomisiones de voluntarios durante la pandemia: una recibió G. 155 millones y la otra G. 156,5 millones. Estos recursos, originalmente previstos para apoyar a entidades educativas y organizaciones sin fines de lucro, habrían sido utilizados para justificar servicios inexistentes.

La Fiscalía sostiene que se presentaron facturas con datos falsos para respaldar las rendiciones de cuentas. Entre los documentos cuestionados figuran comprobantes emitidos por la firma Fasv import/export, que, en realidad, opera como un local gastronómico y centro de capacitación. El propio secretario de la empresa declaró que las facturas fueron expedidas a pedido de un dirigente de una de las subcomisiones.

Además, se detectaron fotografías repetidas que ya habían sido utilizadas en rendiciones anteriores, lo que refuerza la hipótesis de un esquema de simulación de gastos. Estos elementos fueron incorporados como pruebas dentro del acta de imputación presentada ante el juzgado correspondiente.

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Los fiscales solicitaron la aplicación de medidas cautelares, como la obligación de firmar el cuaderno de comparecencia mensualmente, la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la restricción para cambiar de domicilio sin aviso previo. También plantearon un plazo de seis meses para la etapa de investigación complementaria.

La causa contra Miguel Prieto y los demás imputados se enmarca en un contexto de crecientes cuestionamientos a la transparencia en el uso de fondos municipales. El caso ahora queda en manos de la justicia, que deberá determinar si las pruebas presentadas son suficientes para llevar a los acusados a juicio oral y público.

Fuente: ABC Color