Diputados define futuro de la transparencia con ley de datos

La Cámara de Diputados tiene en su orden del día el tratamiento del proyecto de ley de protección de datos personales. El texto llega a su tercer trámite legislativo, con posiciones divididas entre la versión de Diputados y la aprobada en el Senado.

El análisis fue aplazado en varias sesiones desde agosto por falta de quorum. El punto más polémico está en el artículo 24, que habilita a funcionarios públicos a negarse a entregar información sobre salarios, beneficios y registros oficiales.

La Ley Nº 5189/14 obliga a publicar mensualmente nóminas de funcionarios, viajes oficiales y uso de recursos públicos. La versión de Diputados podría anular esta obligación si un funcionario se opone a divulgar esos datos.

¿Qué se perdería?

• Nómina de funcionarios y salarios.
• Viajes oficiales pagados con fondos públicos.
• Bonificaciones, dietas y beneficios.
• Contratos y convenios estatales.

Riesgo sobre la Ley 5282

La Ley Nº 5282 garantiza que cualquier ciudadano acceda a información pública sin justificar razones. El proyecto en discusión introduce la posibilidad de que un funcionario bloquee ese acceso, trasladando la decisión a la vía judicial.

Qué garantiza la Ley 5282?

• Acceso libre y gratuito a datos públicos.
• Responsabilidad individual por ocultar información.
• Transparencia como derecho constitucional.

Diferencias entre versiones

La versión Senado mantiene excepciones limitadas, privilegiando el interés público. En cambio, la de Diputados amplía la discrecionalidad de los funcionarios, debilitando la transparencia activa.

Para ratificar la versión de Diputados se necesitan 41 votos. De no alcanzarlos, quedará sancionada la versión Senado. En ambos casos, el texto será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o eventual veto parcial.

De aprobarse la versión de Diputados, el presidente Santiago Peña y legisladores podrían negar información sobre casos de interés público, como planillas salariales o contrataciones vinculadas a familiares.

Existen sentencias que establecen que el interés privado de un funcionario no puede prevalecer sobre el interés general. Sin embargo, la reforma busca alterar este principio, generando inseguridad jurídica.

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El Poder Ejecutivo podría ejercer un veto parcial, limitando los alcances del artículo 24. No obstante, la postura del presidente Peña sobre temas de transparencia ha sido distante.

La sesión ordinaria se convierte en un examen sobre el compromiso institucional con la transparencia. La votación marcará el rumbo de dos leyes claves: la 5189/14 y la 5282, pilares del acceso ciudadano a la información.

Fuente: ABC Color