La SEN invierte G. 3.202.800 en viviendas de terciado que se derrumban ante el viento

Las viviendas provisorias que la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) construye en comunidades indígenas de Caaguazú despertaron indignación y preocupación. Los pobladores denuncian que las estructuras de terciada se deterioran rápidamente y representan un riesgo para las familias beneficiadas.

Según los denunciantes, cada unidad cuesta alrededor de G. 3.202.800, lo que equivale a casi G. 1.000 millones por las 300 viviendas planificadas. Sin embargo, muchas de ellas ya presentan paredes desprendidas, techos caídos y bases inestables, incluso antes de ser habitadas.

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Las dimensiones también generan cuestionamientos. Las casas deberían medir seis metros de largo por tres de ancho, pero las mediciones realizadas por pobladores y medios locales revelan que apenas alcanzan 2,80 por 5,70 metros, sumando unos 17 metros cuadrados reales.

En las comunidades 8 de Diciembre y Ka’aguy Mirĩ, varias construcciones quedaron sin paredes ni techos días después de ser entregadas. Ninguna está siendo habitada, pues los beneficiarios temen que se desplomen con el viento o la lluvia.

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El líder indígena Richard Vargas expresó que las viviendas “no sirven para nada” y aseguró que las familias prefieren seguir viviendo en carpas. Afirmó que el proyecto refleja la falta de compromiso del Estado con los pueblos originarios, quienes continúan esperando soluciones dignas y seguras.

Ante las críticas, el ministro secretario de la SEN, Arsenio Ramón Zárate, sostuvo que los módulos fueron solicitados por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) como una medida temporal. Explicó que el costo inicial es de G. 2.002.800 por vivienda, pero con gastos de traslado y logística el monto asciende a G. 3.202.800.

Zárate anunció que visitará las comunidades para verificar el estado de las estructuras y “buscar soluciones a los inconvenientes”. No obstante, los pobladores exigen una intervención inmediata y un cambio de enfoque en las políticas públicas destinadas a las comunidades indígenas.

Fuente: ABC Color