Senado postpone proyecto de ley de protección de datos

La Cámara de Senadores resolvió postergar sin fecha la discusión del proyecto de ley de protección de datos personales. La decisión fue adoptada tras un pedido de la bancada de Honor Colorado, mientras continúan las diferencias internas respecto al contenido del documento, en especial sobre el artículo 24, que plantea restricciones al acceso a información pública.

El texto se encuentra en su última etapa legislativa y aún resta definir si el Senado ratificará su propia versión o aceptará la aprobada por Diputados. Para mantener la versión original se requiere mayoría absoluta de 23 votos. En caso contrario, se aplicará la versión de la Cámara Baja, considerada más restrictiva por sectores sociales y de prensa.

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El senador Natalicio Chase solicitó la postergación del tratamiento, argumentando que era necesario realizar correcciones y un análisis más profundo antes de su aprobación definitiva. La moción fue aceptada sin oposición. El presidente del Congreso, Basilio Núñez, adelantó que la Mesa Directiva definirá una nueva fecha para su debate, posiblemente en noviembre.

Durante la sesión, el senador José Oviedo expresó su preocupación por el retraso, señalando que la falta de una normativa moderna sobre datos personales afecta la competitividad del país. Recordó que Paraguay podría estar perdiendo oportunidades de inversión y desarrollo digital por no contar con una legislación actualizada.

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De acuerdo con el cronograma legislativo, el proyecto podría recibir sanción automática en abril de 2026 si no se retoma antes. Pese a la postergación, varios senadores coincidieron en la importancia de aprobar una ley que equilibre la protección de datos con la transparencia pública.

El punto más controvertido sigue siendo el artículo 24, que otorga a los funcionarios públicos la posibilidad de decidir si autorizan o no la divulgación de información bajo su control. Organizaciones civiles advirtieron que esta disposición contradice la Ley de Acceso a la Información Pública y podría dificultar la fiscalización ciudadana sobre la gestión estatal.

Fuente: Última Hora