Tacumbú: Justicia revisa celda de Koube tras denuncia

El Ministerio de Justicia intervino la celda de Alberto Koube en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. La medida respondió a la difusión de un video que señalaba comodidades inusuales. La institución informó que, tras la verificación, todo se encontró dentro de la normalidad.

El procedimiento estuvo encabezado por el coronel Rubén Peña, director general de Establecimientos Penitenciarios. La intervención se realizó en el Pabellón D Alta, donde está recluido Koube. El empresario está procesado por lavado de dinero y otros delitos en el marco del Operativo A Ultranza.

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La revisión se activó luego de la publicación del periodista Aníbal Emery, también director de Comunicación del Ministerio Público. El material mostraba un televisor de gran tamaño, acondicionador de aire, heladera y otras comodidades. La filmación impulsó cuestionamientos sobre presuntos privilegios.

Según el informe de Peña, en el sector inspeccionado existen 54 celdas en condiciones similares a la de Koube. Cada celda cuenta con dos ocupantes y no dispone de baño privado. Algunas presentan mayor ventilación natural, de acuerdo con la constatación oficial.

La institución estatal admitió que el procesado posee electrodomésticos “de segunda mano”. Aclaró que la tenencia está permitida por la Resolución N.º 3412/2025. En esa línea, el comunicado sostuvo que la situación no constituye una irregularidad reglamentaria.

En la publicación de Emery, se afirma que Koube viviría solo y que un interno con unos 12 años en el lugar habría sido desplazado con ayuda de funcionarios penitenciarios. También se menciona visitas privadas en horarios no establecidos. El material refiere, además, reiteradas reuniones en su celda con autoridades del penal.

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En el plano judicial, Koube fue vinculado como socio comercial del brasileño Lindomar Reges Furtado. Este se fugó durante un operativo en el Paraná Country Club, según lo documentado en la causa. La vinculación surge de pesquisas del Operativo A Ultranza.

Tras su detención, la jueza Rosarito Montanía dispuso la prohibición de innovar y contratar 19 inmuebles del grupo Tapyracuai SA. Las propiedades fueron adquiridas entre 2010 y 2022. La investigación apunta a que los bienes pertenecerían al uruguayo Sebastián Marset, señalado como líder de la estructura y prófugo de la justicia.

Fuente: ABC Color