Ciudadanos denunciarán a Nenecho y concejales por ceder 46 hectáreas del Jardín Botánico al Asunción Golf Club

La controversia por las tierras del Jardín Botánico llega a la Fiscalía. Ciudadanos y organizaciones sociales presentarán hoy una denuncia penal contra Óscar “Nenecho” Rodríguez y los concejales que avalaron la cesión de 46 hectáreas al Asunción Golf Club.

La acción se hará a las 11:00 en el Ministerio Público. Participarán Amigos del Jardín Botánico de Asunción, El Botánico No Se Toca, la Asamblea Ciudadana Asuncena y vecinos que defienden el predio. Todos cuestionan que el club privado ocupa el territorio de forma irregular y ya tenía una orden de desalojo.

Unite al canal de RDN en Whatsapp

Las organizaciones recuerdan que la cesión contradice la Ley Orgánica Municipal. El artículo 134 prohíbe entregar espacios públicos a entidades privadas. Ese punto es uno de los ejes centrales del escrito que acompañará la denuncia.

Denunciantes consideran que la decisión es un atentando contra un patrimonio natural

El reclamo no se limita al ex intendente y a los concejales aliados. También alcanza a los funcionarios que hayan intervenido en el proceso. Los denunciantes consideran que la decisión constituye un atentado contra un patrimonio natural y cultural de la ciudad.

Leé también: Ceden 46 hectáreas del Botánico al Golf Club

El caso ganó fuerza después del 11 de agosto. Ese día, una mayoría de concejales colorados rechazó el pedido de reconsideración sobre la cesión. La votación confirmó la Resolución 6084/25. Ese documento valida el acuerdo de condiciones firmado entre la Municipalidad y el club privado.

Los grupos ciudadanos afirman que el convenio implica un “cercenamiento disfrazado”. Sostienen que la entrega por 30 años afecta el acceso libre al predio. Señalan que el Jardín Botánico es un espacio que debe estar disponible para todos los habitantes sin restricciones.

Canon mensual de G.80 millones

El acuerdo incluye un canon mensual de G. 80 millones pagado por el club. También exige la instalación de 100 cámaras de seguridad y 1.600 metros de rejas dentro del área. Las organizaciones critican que esas medidas no justifican la pérdida de un bien de dominio público.

La denuncia busca revertir la cesión y establecer responsabilidades. Los colectivos ciudadanos esperan que el Ministerio Público investigue cada etapa del proceso. El caso podría marcar un precedente para futuras decisiones sobre espacios públicos.

Fuente: ÚH