Conductor muere de un infarto durante un control de la PMT en Asunción

Un automovilista identificado como Ever Hugo Ayala Acosta, de 45 años, falleció de un infarto durante un procedimiento de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) en Asunción. El caso generó denuncias de presunta extorsión y motivó la apertura de un sumario administrativo.

La institución sostiene que la intervención respondió a irregularidades vehiculares, mientras avanza la investigación para aclarar las circunstancias del hecho.

Unite al canal de RDN en Whatsapp

El procedimiento se realizó en la zona de Viñas Cué. La familia del conductor afirma que la inspectora Lourdes Riveros exigió al hombre un pago de G. 200.000. Imágenes difundidas muestran que la agente bloqueó el paso del vehículo en dos ocasiones, lo que obligó al automovilista a retroceder y maniobrar.

Los allegados señalan que Riveros habría guiado al conductor hacia una zona boscosa para recibir una supuesta coima. En ese lugar, Ayala sufrió un infarto repentino y falleció.

La versión oficial fue presentada por el director de la PMT, Marcos Maidana. Señaló que el control comenzó a las 9:27 horas debido a irregularidades en el vehículo Toyota Corolla color verde. Indicó que el hombre no tenía licencia ni habilitación, situación que habilita la retención según la Ordenanza 92 y la Ley Nacional de Tránsito. Según el relato institucional, el conductor fue trasladado a la Unidad Operacional Nº 6, donde se descompensó a unos 50 metros del puesto.

La inspectora Riveros acompañó el traslado de la ambulancia hasta el Hospital de Urgencias de Isla Po’í, en Zeballos Cué, donde se confirmó la muerte. La Municipalidad de Asunción informó que la documentación del caso fue remitida a Asuntos Jurídicos para evaluar la conducta de la agente. El director jurídico municipal, Jorge Sabaté, confirmó que se abrirá un sumario administrativo ante la denuncia de un supuesto pedido de coima.

Sabaté explicó que la inspectora actuó dentro de un control autorizado y con orden de trabajo. Aclaró que la normativa municipal permite realizar controles aleatorios. Señaló que la irregularidad inicial detectada fue la chapa acrílica del automóvil, que no se ajustaba a la reglamentación vigente. Indicó también que sólo el vehículo quedó retenido y que Ayala se dirigió por decisión propia al corralón municipal, donde esperaba presentar documentación del automóvil.

Los familiares aseguran que el conductor entregó G. 200.000 como coima inicial. Afirman que luego se le exigió un monto adicional. Según la denuncia, Ayala habría llamado a su pareja para solicitarle G. 300.000 sin especificar la razón. Los allegados sostienen que el pedido de dinero está relacionado con la suma que supuestamente le reclamaron y que la situación derivó en su descompensación final. La investigación continúa abierta para determinar responsabilidades.

Fuentes: NPY- ABC Color