Amparo judicial busca frenar proyecto inmobiliario Areguá Forest

Un amparo constitucional fue interpuesto ante un juzgado de la Capital para detener el emprendimiento inmobiliario “Areguá Forest”. La medida judicial solicita suspender de inmediato la oferta y comercialización de lotes en este barrio cerrado. Los accionantes alegan la existencia de graves irregularidades legales que amenazan la cuenca del Lago Ypacaraí. Esta acción legal busca proteger una zona de alto valor ecológico en el distrito de Areguá.

La representación legal de Cabaña La Libertad S.A. (CLLSA) impulsó esta demanda. Los abogados Alejandra Peralta Merlo y Ricardo Merlo Faella dirigen el amparo contra diversas entidades. Entre los demandados figuran el Ministerio del Ambiente (MADES), la Municipalidad de Areguá y la firma Grupo F27 S.A.. La empresa demandante opera una granja avícola en el área de influencia directa del proyecto inmobiliario.

El cuestionado proyecto se asienta en la Compañía Isla Valle, un área bajo protección especial. Según la Ordenanza Municipal N° 22/2003, este terreno es considerado una “Sub-Zona de Interés Ambiental”. La normativa vigente prohíbe allí los loteamientos con dimensiones menores a 10.000 metros cuadrados. Asimismo, las reglas locales impiden construcciones de gran porte y comercios de escala masiva en dicho sector.

A pesar de estas restricciones, las autoridades estatales otorgaron los permisos correspondientes. El MADES emitió una licencia ambiental en noviembre de 2024 a través de una resolución oficial. Por su parte, la Municipalidad aprobó los planos de urbanización en abril del mismo año. El amparo califica estos actos administrativos como “manifiestamente ilegítimos” por contradecir el ordenamiento territorial.

Infracciones a la normativa forestal vigente

La denuncia central resalta la deforestación de aproximadamente seis hectáreas de bosque nativo. Según informes técnicos del INFONA de 2025, esta tala se realizó sin planes de manejo autorizados. La acción violaría la Ley N° 6676/2020, que protege las superficies boscosas en la Región Oriental. Debido a estos hallazgos, ya existe una denuncia penal por delitos ambientales ante el Ministerio Público.

Cabaña La Libertad S.A. afirma que el avance edilicio altera el equilibrio ecológico local. En el escrito se invoca el artículo 7 de la Constitución Nacional sobre el derecho a un ambiente saludable. También señalan la violación de la obligación estatal de proteger el entorno natural. La firma asegura haber agotado las vías administrativas previas sin obtener respuestas claras de las autoridades.

El conflicto judicial advierte también sobre los riesgos legales para los potenciales compradores de estos terrenos. La resolución del caso es aguardada por organizaciones ambientales y la comunidad de Areguá. Este fallo podría establecer un precedente clave sobre el ordenamiento territorial y la conservación en Paraguay. Actualmente, la Justicia debe decidir si otorga la medida cautelar solicitada por los denunciantes.

Fuente: Judiciales.net