24 años de descuentos: el drama de una docente por la mafia de los pagarés

Durante más de dos décadas, Elvina Gamarra, docente jubilada de 66 años, enfrentó una situación que marcó su vida. Desde hace 24 años, soporta descuentos mensuales derivados de pagarés firmados en el año 2002, tras la compra de electrodomésticos.

Según su relato, al momento de la compra le solicitaron firmar varios pagarés en blanco. En ese entonces, el acuerdo parecía regular. Los descuentos iniciales oscilaban entre G. 300.000 y G. 500.000 mensuales. Sin embargo, con el paso del tiempo, los débitos continuaron sin interrupción.

La situación se agravó cuando comenzaron a surgir nuevas demandas. En total, la deuda que figura en el ámbito judicial alcanzó los G. 160 millones. Actualmente, Gamarra enfrenta cerca de diez procesos en distintos juzgados de paz del país, muchos de ellos en localidades alejadas entre sí.

¿Cómo impactó esta situación en su vida cotidiana?

La docente relató las consecuencias económicas y emocionales que atravesó durante estos años. “Tenía saldo cero en mi salario. No te imaginás lo que es no tener nada en la casa”, expresó. También recordó las dificultades para sostener a su familia.

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“Se siente mucha impotencia ver a los hijos sin tener siquiera leche para tomar”, agregó. La situación generó un fuerte impacto en su entorno familiar. Según contó, casos similares afectaron a otros docentes, con consecuencias graves como rupturas familiares y cuadros de estrés y depresión.

Además, el desgaste fue tal que Gamarra tuvo que mudarse desde Caaguazú a Itauguá. El traslado respondió a la necesidad de estar más cerca de Asunción para seguir sus expedientes judiciales.

¿Qué avances se registraron en los procesos judiciales?

Con la intervención de la Defensa Pública, la docente logró avances recientes en algunos casos. Dos juicios fueron finiquitados, lo que permitió aliviar parcialmente su situación. En uno de ellos, la defensora Luz Chávez intervino en el proceso.

El juez de Paz de la Catedral, Javier Ferreira, dispuso el levantamiento del embargo y el cierre de la cuenta judicial. Además, ordenó la devolución de los documentos originales a la afectada. Esto abre la posibilidad de recuperar el dinero descontado.

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Otro proceso fue atendido por el defensor público Pablo Costantini. Las empresas Izaguirre Barrial Inversora y J&M SRL fueron señaladas como responsables de los descuentos realizados durante años. Mientras tanto, Gamarra continúa con otros juicios pendientes, con el acompañamiento de la Defensa Pública.

Fuente: ÚH