Funcionarias niegan faltas tras caso “spa” judicial

La controversia en la Oficina de Atención Permanente de Víctimas de Violencia de San Lorenzo sumó una nueva versión. Las funcionarias involucradas defendieron su actuación tras la difusión de un video que generó cuestionamientos.

Silvia María Sugasti Delgado, actuaria judicial, y Gessica Rosalía Caballero Cuquejo, funcionaria administrativa, fueron grabadas mientras realizaban un tratamiento de belleza en horario laboral. El material fue captado por una mujer que acudió a presentar una denuncia.

Ambas hablaron en el programa “Al Estilo Pelusa”, emitido por Latele. Allí afirmaron que no incurrieron en ninguna falta y que la denunciante finalmente fue atendida. Sugasti Delgado sostuvo: “Se le ayudó y se le tomó la denuncia”.

¿Hubo burla o negligencia en la atención?

Las funcionarias rechazaron que haya existido burla hacia la víctima. Sugasti Delgado afirmó: “Yo no me voy a burlar de una víctima”. Además, agregó que “no es un delito, no es un crimen reírse” y reiteró que “no cabe pedir disculpas”.

Por su parte, Caballero Cuquejo explicó que las risas respondían a la situación interna. Según dijo, no estaban dirigidas a la denunciante. “Yo no me reí de la víctima, sino de la situación”, expresó. Detalló que su jefa tenía “agua de manzanilla en el ojo” y ella la asistía.

¿Qué argumentan sobre sus funciones?

Sugasti Delgado señaló que su rol no implica atención directa en ventanilla. “La actuaria no es la que tiene que estar en ventanilla”, afirmó. También sostuvo que la mujer que acudió al lugar “estaba gritando y amedrentando”.

Además, indicaron que la denuncia fue tomada pese a no corresponder al área específica. Caballero Cuquejo señaló que el procedimiento se realizó “por más que no correspondía para violencia ni contra la mujer”.

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Tras el hecho, el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia resolvió separar a ambas funcionarias. La medida se adoptó luego de un correo institucional del ministro Eugenio Jiménez Rolón. También se dispuso la apertura de un sumario administrativo.

Sugasti Delgado percibía un salario cercano a G. 10 millones mensuales, mientras que Caballero Cuquejo cobraba el salario mínimo. El caso sigue bajo análisis institucional tras la difusión del video.

Fuente: ÚH