Otorgan medidas alternativas a Miguel Prieto

El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, otorgó medidas alternativas a la prisión al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. La decisión se da en el marco de una investigación por presunto daño patrimonial vinculado a obras ejecutadas durante la pandemia.

Según la causa, el Ministerio Público atribuye un perjuicio económico de G. 757.166.276. El caso guarda relación con pagos por trabajos en el Hospital Regional de Ciudad del Este que, presuntamente, no se habrían ejecutado en su totalidad.

Tras comparecer en audiencia, el magistrado impuso varias reglas de conducta al dirigente político. Entre ellas, se establece la obligación de presentarse trimestralmente ante la Justicia.

¿Qué medidas debe cumplir Miguel Prieto?

El juez también dispuso la prohibición de salir del país. Además, fijó una fianza real de hasta G. 350 millones como garantía dentro del proceso.

Con estas condiciones, Prieto podrá continuar en libertad mientras avanza la investigación. La causa se encuentra en etapa de análisis por parte del Ministerio Público.

Al salir de la audiencia, el exintendente rechazó las acusaciones. “Me presenté a la audiencia porque creo que puedo demostrar que la fiscalía miente”, afirmó.

También agregó: “Me acusan de un daño patrimonial de G. 700 millones que no está justificado de los G. 11 mil millones que se transfirió al Consejo local de Salud”.

¿Quiénes más están implicados en el caso?

Prieto señaló que enfrenta un total de 47 causas activas. Según indicó, confía en demostrar su inocencia y recordó que tres procesos ya fueron desestimados.

Además, sostuvo que las investigaciones buscan presionarlo. En ese sentido, afirmó que intentan “amedrentar” su eventual candidatura a la presidencia.

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En la misma causa están imputadas otras diez personas. Entre ellas, el diputado Walter García y el concejal Sebastián Martínez Insfrán, ambos integrantes del Consejo Local de Salud.

De acuerdo con la Fiscalía, las obras incluyeron refacciones, remodelaciones y la construcción de un pabellón de UTI durante la pandemia. Los fiscales sostienen que los trabajos se realizaron sin fiscalización ni planificación adecuada.

También se investiga si los montos pagados superan lo efectivamente ejecutado. Las empresas Servmaq y M&M Constructora estuvieron a cargo de las obras.

La investigación está liderada por los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle Monges y Verónica Valdez. La denuncia fue presentada por el político Celso “Kelembú” Miranda.

Fuente: ABC Color